El corregimiento de las diecisiete villas

IGNACIO DE LA ROSA FERRER

Imagen del poder municipal

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EL CORREGIMIENTO DE LAS DIECISIETE VILLAS EN LA EDAD MODERNA
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domingo, 5 de noviembre de 2017

Los Piquinoti contra la villa de San Clemente: la ruina de la Hacienda municipal







La Hacienda municipal de San Clemente ya dio síntomas de agotamiento desde finales del siglo XVI, pero la villa aún tenía liquidez para hacer frente a sus obligaciones.Sin embargo, las crisis de subsistencias del cambio de siglo y la terrible peste de 1600 dejaron a la villa exhausta. En auxilio de la villa llegó don Pedro González Galindo. Era un indiano llegado rico de las Indias, por sus méritos y por su matrimonio con su prima María de Tébar, nacida en la Ciudad de los Reyes. Bien acogidos en la Corte, especialmente su dinero, no lo fueron tanto en su villa de origen. Los sanclementinos nunca olvidaron sus orígenes ligados a la familia conversa de los origüela. Hubo un momento que los González Galindo y los Tébar parecieron dominar el pueblo. Don Pedro se hizo reconocer como regidor perpetuo y familiar del Santo Oficio, salvó a la villa, prestándole diez mil ducados de plata en 1607, en una operación de consolidación de deuda que hizo más llevadero el pago de intereses de préstamos anteriores. La fortuna hizo sonreír a la familia, que compraba bienes raíces de incomparable valor en las fincas de Matas Verdes o de las Cruces. Pero entonces llegaron las envidias, el entorno familiar volvió a sufrir las acusaciones de judaísmo. Pronto el cerco se cerró sobre el más notorio de los origüela, el doctor Cristóbal de Tébar, que para salvar su cuerpo más que su alma, hizo donación de sus bienes para la fundación en la villa de un Colegio de la Compañía de Jesús. El lugar elegido sería la iglesia de Nuestra Señora de Septiembre, donde residía la cofradía del mismo nombre, en la que los origüela trataban de limpiar sus orígenes y presentarse como cristiano viejos.

Mientras los sueños de Pedro González Galindo comenzaban a desmoronarse. Había pensado en dejar su emporio económico a su hijo Pedro, pero su matrimonio con Aldonza de Castilla fue un fracaso. La relación entre padre e hijo se agrió, especialmente después de la muerte de Aldonza sin hijos. Así la herencia familiar recayó en la hija Antonia González Galindo, casada con uno de los principales banqueros del reinado final de Felipe IV, Francisco María de Piquinoti. Antonia pronto enviudaría, ante la repentina muerte de su marido Francisco María, que se había vuelto loco al perder su fortuna. Pero la fortuna de los Piquinoti sobrevivió, salvada por Andrea Piquinoti, cuñado de Antonia, llegado desde Amberes para rescatar los negocios familiares. La herencia de los Piquinoti se dividiría entre sus cuatro hijos. Uno de ellos, Benito González Galindo Piquinoti heredaría el mayorazgo fundado por su abuelo Pedro González Galindo y parte de los bienes de la casa genovesa de los Piquinoti. Así la historia de una familia genovesa de banqueros, los Piquinoti, quedó ligada a la villa de San Clemente. Sin embargo, para los sanclementinos el apellido Piquinoti, o piquirroti, como maliciosamente se les llamaba, era sinónimo de origüela. El odio popular se transformó de una familia a otra. En San Clemente, los condes de Villaleal, título que de Carlos II consiguió para la familia Benito Galindo, eran los odiados piquirroti, que tenían sometida a la villa, incapaz de pagar los intereses de un censo de 10.000 ducados



El censo de diez mil ducados de plata prestados por Pedro González Galindo en 1607 estaba integrado como un bien más en el mayorazgo que fundó, junto a su mujer María de Tébar y Aldana, poco antes de su muerte en 1634. Dicho mayorazgo estaba constituido a la altura de 1697, una vez incorporados los bienes que servían de garantía del censo de los diez mil ducados, por
unas casas prinzipales que están en la dicha villa de Madrid en la calle de Alcalá junto al monasterio de las Ballecas, dos zensos que paga el Colegio Ymperial de la Compañía de Jesús de dicha villa de nueue mill ducados de plata de prinzipal y sus réditos zinco mill reales de vellón en cada un año, un juro sobre una casa que llaman del Salbador que está en la calle Maior de dicha villa de zinco mill y quinientos reales de prinzipal y sus réditos doszientos y setenta y zinco reales de vellón cada un año, un juro de nobenta y zinco mil setezientos y seis marauedís de renta a el año situado sobre yerbas del Maestrazgo de Alcántara, unas casas prinzipales en dicha villa de San Clemente, los oficios de escribanías del número de dicha villa, los oficios de correduría y almotazenía de dicha villa, un molino arinero que llaman del Conzejo en la ribera del río Júcar, la dehesa de la redonda en término de la dicha villa, un juro de mill nuebezientas y zinquenta fanegas de trigo situado en las tercias reales de dicho partido de San Clemente y Marquesado de Villena por priuilexio en cabeza de Pedro González Galindo, un oficio de rexidor perpetuo de deicha villa, el patronato del Colegio de la Compañía de Jesús della, una capilla en el convento de San Francisco della, un zenso de veinte mill ducados de principal en plata ympuesto con facultad real sobre los estados de los Vélez y Molina que corresponden de renta en cada un año doze mill y zien reales de vellón, otro zenso contra don Matheo de Villanueva y consortes vezinos de la villa de Tébar de zinco mill y doscientos reales de principal con poca diferenzia y de renta en cada un año socientos y setenta y tres reales poco más o menos, otro zenso contra el conzexo y particulares de la villa de la Roda, otro zenso contra el conzexo y particulares de la villa de Villarexo de Fuentes, una heredad en el sitio que llaman Matas Verdes en término de Villarrobledo, una viña de quatro aranzadas y media en término de San Clemente y qualesquier rentas y efectos que parezieren ser de dicho mayorazgo

El 29 de septiembre de 1668 llegan a San Clemente desde Madrid el escribano Juan Romanco de la Vega y el alguacil Eugenio de Villalobos. Llevan consigo una real provisión que les ordena un cometido claro: cobrar los 156.247 reales que el concejo de San Clemente debe a don Benito Galindo Piquinoti. En su cometido han de contar con el apoyo del alcalde mayor de la villa, el licenciado Francisco Morlote de Alvear, que, en su testimonio, nos presenta una villa que vive un clima de alteraciones. Él mismo acaba de salir de una excomunión; la razón no es otra que haber sacado por la fuerza a varios retraídos de la iglesia de Santiago, donde se habían refugiado tras cometer un asesinato.

La hacienda local de San Clemente estaba arruinada. Desde los años cuarenta, e incluso antes, la guerra y la presión fiscal habían derivado los ingresos de los bienes propios del concejo a sostener el esfuerzo bélico de la Corona. La crisis de comienzo de 1600 había destrozado las finanzas locales de una villa, que ya desde 1580 vivía del empréstito. En auxilio de la misma llegó Pedro González Galindo y su préstamo de diez mil ducados, en reales de plata, pero ahora, el ayuntamiento de San Clemente se vio impotente para pagar los réditos de este censo. El censo tomado a un interés de catorce al millar, es decir, cerca de un siete por ciento, se había renegociado a un interés más favorable del cinco por ciento anual, a pagar en moneda de vellón. Aún así con crisis de los años cuarenta, San Clemente no pudo hacer frente a los pagos. Se hizo precisa una nueva concordia de 1647, firmada entre el concejo de San Clemente y el segundo marido de Antonia Galindo, Pedro de Velasco y Echauz, donde la insuficiente rebaja de los réditos fue sustituida por el compromiso de destinar durante nueve años dos tercios de las rentas de unos propios, ya muy adelgazados, para pago de los réditos del censo. Pero la villa de San Clemente no pudo hacer frente a los pagos. El doce de junio de 1666 estalló la crisis financiera: la villa de San Clemente fue conminada a pagar los cerca de 1600 ducados que adeudaba de los réditos del censo de Pedro González Galindo hasta septiembre de 1665 y de los intereses acumulados por los retrasos. Dos años después llegarían escribano receptor y alguacil dispuestos a ejecutar la deuda.

El escribano Romanco de la Vega se alojó en la llamada Casa de las Comedias. Pero su actuación no era nada teatral. Para pagar las cantidades adeudadas a Benito González Galindo, se pusieron en almoneda varios bienes propios del concejo: la casa, ingenio, barca  y ejido de los molinos de la ribera del Júcar, la renta de la almotacenía y correduría y la escribanía pública. Un pregonero apostado en uno de los arcos de la galería del Ayuntamiento anunció a comienzos de octubre la venta de los propios de San Clemente. A su lado, el escribano y alguacil, pero también el todopoderoso don Rodrigo de Ortega y el presbítero Andrés de Matilla. La solidaridad se mostró entre los vecinos de una villa tan herida como arruinada y nadie del pueblo hizo postura en la almoneda. La subasta al mejor postor había fracasado, se imponía una tasación previa de bienes.

Daba fe de la ruina de la villa, su mayordomo de propios, José de Gomar, que, para el año que iba de San Miguel de 1666 a 1667, reconocía por ingresos unos misérrimos doce reales. La defensa de la villa frente a Benito Galindo Piquinoti la llevó el regidor Sebastián Cantero de Astudillo, que alegó que los Piquinoti podían advocar sus derechos sobre el usufructo de los propios, pero no sobre la propiedad de los mismos. Pero Benito Piquinoti también tenía quien llevara su causa en la villa, correspondiendo la defensa de sus intereses al clérigo José de Ortega y Rosillo, su primo, que procuró nombrar tasadores para valorar los propios de la villa. Quizás, el mismo nombramiento de los tasadores ya mostraba en sus nombres el aislamiento de Benito Piquinoti en la villa de San Clemente. Francisco Ovejero era un maestro de obras de molinos del lugar de Picazo; los otros tres eran ancianos sanclementinos de la época del abuelo Pedro González Galindo. Diego Martínez Alcaide era un antiguo comerciante que había hecho fortuna en los tiempos de guerra como abastecedor del ejército, Juan de Castañeda, un escribano, dedicado a la administración de las rentas reales, y Pedro Montoya Vizcarra había estado ligado a los arrendamientos de las dehesas del pueblo y del propio molino. Otro clérigo, Juan Rosillo Ángel, presentaría el seis de octubre la primera postura por los bienes del concejo (1). El clérigo no era sino el testaferro de un vecino de Salamanca, llamado José de Encinas y Figueroa, del que poco sabemos, salvo que a la sazón se encontraba en Motilla del Palancar ejecutando las deudas que dicha villa tenía pendientes por el servicio de millones. José de Encinas y Figueroa era uno de esos hombres que se situaba a medio camino entre los administradores surgidos en el contexto de las superintendencias nacidas en 1648 y aquellos que confundían sus oficios públicos con sus intereses privados, cuya hacienda procuraban engordar, aprovechándose de unas villas desvencijadas por el inhumano esfuerzo fiscal y militar soportado desde los años cuarenta.

Los amigos de la familia Piquinoti en San Clemente eran asimismo administradores de los intereses reales en la villa. Diego Martínez Alcaide era arrendador de impuestos, de la alcabala del viento y el cuatro por ciento; con pocos amigos en el pueblo, tenía a dos de sus hijos presos por una causa criminal. Las presiones obligaron a Diego Martínez a renunciar a la tasación e igual proceder siguieron el resto de los tasadores nombrados. Nuevos tasadores fueron propuestos por los Piquinoti, entre los nuevos arrendadores de los propios de los últimos años: Francisco Ballestero el mayor, maestro de obras, Juan López Chicano, arrendador de propios, Antonio Martínez, escribano del ayuntamiento, y Julián Herráiz, mayoral de pastores, y buen conocedor de las dehesas del pueblo. Antonio Martínez declinó el papel de tasador por encontrarse entendiendo, como escribano de comisiones, en un caso de falsificación de moneda en el lugar de Rada y la villa de Iniesta y quizás, con más razón, por haber entendido del asunto de las deudas contraídas con Piquinoti, como escribano de los autos proveídos por el alcalde mayor Morlote Alvear.

A pesar de la imposibilidad de conseguir tasadores, la subasta se reanuda el 15 de octubre de 1668. La postura del salmantino Juan de Encinas Figueroa, que mejoró la puja de su testaferro Juan Rosillo Ángel, hasta doscientos mil reales por los bienes concejiles, causó gran desagrado en el pueblo. El regidor Sebastián Cantero de Astudillo sólo reconocía una deuda de cincuenta mil reales por impagos en los últimos nueve años. Los llamamientos del pregonero Juan del Paraíso a nuevas posturas desde los arcos del ayuntamiento se sucedieron los últimos días de octubre. Nadie acudió. Mientras José de Ortega y Rosillo, el hombre de Benito Galindo Piquinoti en la villa, pedía se hiciera efectiva la postura del salmantino Juan de Encinas para el dos de noviembre. El ayuntamiento de San Clemente, reunido de urgencia la tarde del sábado tres de noviembre consigue retrasar la ejecución de los bienes de la villa hasta el día seis. El caso es que llegado el día seis ni José de Encinas se presenta ni otro postor presenta puja alguna. Entretanto, el concejo sanclementino ha fiado la salvaguarda de sus propios a una tasación de sus bienes que dé fe de un valor superior al que se ofrece en la puja. El 19 de octubre se tasará el molino, a partir del tres de noviembre el resto de bienes propios.

De todos los bienes propios de San Clemente, el molino de la ribera del Júcar, en el término de Sisante, llamado el molino del Concejo, era el más querido. Comenzadas las obras en 1514 por mandato del concejo sanclementino, las mismas corrieron a cargo del cantero vasco Pedro de Oma. Su construcción era un símbolo de la libertad de la villa frente a los monopolios de carácter feudal de la familia Castillo, alcaides de Alarcón. Pero a la altura de 1668, el molino, que, situado a medio camino entre Sisante y Casasimarro, había contribuido al crecimiento de estos pueblos, presentaba un estado calamitoso a ojos de los tasadores Francisco Ovejero y Francisco Ballestero. Una riada del río Júcar en 1667 había llevado a su arrendador Pedro Montoya Vizcarra a abandonarlo.
an visto el molino arinero que está en la ribera del Júcar y la casa y portales que está en el término de Sisante y el exido y yslas, que está el exido de este cabo del molino y llega al río y la ysla está entre el río y el caz, y ansimismo an visto dos hazas que son como todo lo demás referido propios desta villa, las quales están de la otra parte del río como se va desta villa de San Clemente a Casasimarro, que alindan con la uereda que baxa de dicho Casasimarro al río y por la otra parte con güertas del lizenciado Ruypérez, vecino de Casasimarro, todo lo qual según el estado en que oy está lo tasan en ochenta y dos mill y quinientos reales de vellón que es el verdadero valor que todo lo susodicho tiene en propiedad en que se yncluye el derecho de poder tener barca que su sitio della está junto a la casa por la parte de arriba donde ay una cal y canto y un árbol grande que no ay otro en todo su contorno como aquel porque al presente no ay barca, maroma ni los demás ynstrumentos nezesarios para usar della; y declaran que el dicho molino al presente está yermo sin que lo asiste persona alguna y la puerta del dicho molino y casa todo abierto con lo qual cada día vendrá en menos valor, en especial en este tiempo que está ymediato el ynvierno, que con las aguas será preciso que las ruinas se aumenten

Ubicación del molino del Concejo, entre Sisante y Casasimarro
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Imagen de la isla formada por el río Júcar, donde se ubicaba el molino de San Clemente
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Vista detallada antiguo molino y casas y hazas anejas
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En rojo, ubicación del molino del Concejo, propiedad de la villa de San Clemente. Aunque aparentemente las propiedades se se situaban en los términos de Sisante y Casasimarro, en realidad, el término era de Alarcón
Mapas y minutas del Instituto Geográfico Nacional




La tasación del molino en ochenta y dos mil quinientos reales era desorbitada para un ingenio que no estaba en uso, pero tal valoración perseguía apartar de la puja hecha al salmantino José de Encinas, que decidió desistir de la postura hecha. Las almonedas celebradas el nueve y diez de noviembre quedaron desiertas. A decir de José Ortega y Rosillo, no ay quien compre dichos bienes ni habrá quien quiera comprarlos por temor de no enemistarse con el ayuntamiento.

Tan interesado como el ayuntamiento en dejar desierta la subasta estaba Benito Galindo Piquinoti, sabedor que los propios del concejo de San Clemente, o parte de ellos, acabarían en sus manos. El conflicto jurídico estaba servido: el ayuntamiento consideraba que la ejecución solo afectaba a las rentas; Benito Galindo Piquinoti, a la propiedad de los bienes. El diez de noviembre el joven caballero de Alcántara pide se le adjudiquen el molino y propiedades anexos, la almotacenía, la correduría y las escribanías del número y del ayuntamiento. Dos días después el juez Juan Romanco de la Vega dicta sentencia adjudicando en venta judicial a Benito González Galindo la propiedad de una parte de los bienes propios de la villa de San Clemente: el molino y anejos, la almotacenía y la correduría
debo adjudicar y desde luego adjudico para en propiedad del dicho pago a el dicho don Benito Galindo Piquinoti y a quien por él fuere parte el molino arinero que está en la ribera del Júcar, casa y portales que están en el término de Sisante, que está de esta parte del molino y llega al río y la ysla que está entre el rio y el caz; y dos hazas que están de la otra parte del dicho río, en el camino que va de esta villa a Casasimarro, y alindan con la vereda que baja de dicha Casasimarro al río, por una parte, y por otra con güertas del lizenciado Ruy Pérez, vezino de dicho Casasimarro, que todo lo referido es propio de esta villa y está tasado en ochenta y dos mil y quinientos reales de vellón; y ansimismo adjudico a el susodicho los oficios de correduría y almotaçanía de esta villa en propiedad que son propios de esta villa y están tasados en settenta mil reales de vellón
El valor de los bienes adjudicados, 152.500 reales de vellón, no llegaba ni siquiera a  cubrir la totalidad de la deuda contraída con Benito Galindo Piquinoti: 156.247 reales de vellón y 18 maravedíes de los réditos del censo, a los que había que añadir 437 reales y 17 maravedíes de costas judiciales. No perdonaría Benito Galindo los 3.747 reales y 18 maravedíes restantes. El pago se haría sobre el arrendamiento del molino del último año. Mientras, para formalizar estos flecos de la venta judicial y dejar atados todos los cabos con el ayuntamiento, actuará como asesor en las operaciones el licenciado Lucas Mateo Fernández. Cuando el 5 de diciembre se hace tasación de costas y salarios la cantidad adeudada ha subido a 299.311 maravedíes, más de 8.800 reales. La deuda seguiría acrecentándose. El resultado es que Benito Galindo Piquinoti se haría por venta judicial con la propiedad de la escribanía en 1677 y con la dehesa redonda en 1686.

La venta judicial de los propios suponía una merma financiera para la villa que sería un elemento de primer orden para explicar el estado de postración de la villa. Pero hubo gestos simbólicos que fueron tanto o más importantes. Así cuando se entregaron los patrones de pesos y medidas de la villa, en posesión del arrendador de la almotacenía, a José de Ortega y Rosillo, representante de Benito Piquinoti
el qual (el almotacén Nicolás de Peñaranda) puso de presente el marco, pesos y medidas siguientes: una media arroba de arambre  para medir vino, un quartillo y medio quartillo de barro, un quartillo y media azumbre, de arambre, para medir miel, media libra y quarterón de oja de lata para medir azeite, un marco que dijo ser de quatro libras de peso con su balanza para contrastar las pesas, seis pares de balanzas viejas echas pedazos que no se puede usar por estar en dicha forma, una pesa de yerro de dos libras, otras tres pesas de 1 libra de yerro, otras dos pesas de yerro de a media libra, medio zelemín de madera herrado y medio quartillo de lo mismo sin herrar, una caja de madera para padrón de las varas de medir, una media fanega de nogal herrada para medida por donde se ajustan las demás desta villa, un cuño en que ay una que es la señal de que usa esta villa para marcar los pesos y medidas que se corrijen con los dichos padrones 



La villa de San Clemente nunca aceptaría la enajenación de los propios de 1668 y recurriría la decisión del juez y escribano receptor Juan de Romanco de la Vega ante el Consejo de Castilla. Por fin el 6 de octubre de 1728 conseguiría la nulidad de la venta judicial de 1668. El conflicto había seguido latente todos estos años. Desde 1681, la villa de San Clemente se había negado a pagar los réditos del censo, acumulando una deuda con los Piquinoti para el periodo de 1681 a 1729 de 207.900 reales. Incluso todavía se adeudaban 4.243 reales de la venta judicial de 1668. A la ruinosa situación de la Hacienda municipal de la villa de San Clemente se había intentado dar salida con un concurso de acreedores de 1672, pero la situación se había complicado sobremanera. Al concurso se presentó don Fernando Manuel Piñán de Zuñiga, beneficiado de Nuestra Señora de la Antigua de la ciudad de Sevilla, y heredero del censo de 6.000 ducados de plata que don Pedro Piñán había prestado a la villa de San Clemente. Fernando Manuel Piñán pidió el secuestro y reserva de bienes municipales, que pasarían a su administración directa, para hacer efectivo el cobro de los réditos de su censo. El cobro de los censos de los Piquinoti y Piñán entrarían en colisión. Hubo un nuevo concurso de acreedores en 1702, pero la cruenta realidad de la Guerra de Sucesión lo dejó en papel mojado.

Los Piquinoti reavivarían el pleito el 15 de enero de 1731 para recuperar las deudas atrasadas. Pero esta vez se querellarían tanto contra el concejo de San Clemente como contra los herederos de los Piñán. El detonante para la querella de los Piquinoti ha sido un auto del ayuntamiento de San Clemente de 12 de diciembre de 1730 decretando el secuestro de los bienes y rentas de los Piquinoti en la villa, intentando volver al concurso de acreedores de 1702, que no diferenciaba adscripción de bienes propios diferenciados y reservados para el pago de deudas a los acreedores y retomaba el control municipal de todos los bienes (incluidos los de la venta judicial de 1668 y posteriores, que solo se declarará nula en 1728) para hacer frente a los pagos. Los Piquinoti conseguirán de la justicia derogar el acuerdo del ayuntamiento de San Clemente de 12 de diciembre de 1730 por sentencia de 18 de mayo de 1741, haciendo valer el reconocimiento de sus deudas.

El quince de julio de 1741, el heredero de los Piquinoti, Juan Francisco Galindo Piquinoti, hijo de José Joaquín Galindo Piquinoti y nieto de Benito, decide hacer efectiva hacer la sentencia de la Chancillería de Granada de 18 de mayo y envía a Francisco Collar a negociar y ajustar con el ayuntamiento de San Clemente las cantidades que por las rentas de la almotacenía, correduría y escribanía se deben desde tiempos de su abuelo. En realidad, hay por ambas partes intención de llegar a un acuerdo para terminar con un conflicto que ya dura un siglo. Así, en la reunión del ayuntamiento de la villa de 29 de julio de 1741 se decide nombrar un contador a Francisco Antonio Cifuentes Mazo para liquidar cuentas con los Piquinoti, que nombraban su contador propio en la persona de Hipólito Francisco Jericó. En la distensión del conflicto contribuyó que los Piquinoti trocaran el interés por las deudas del concejo de San Clemente por otra disputa: la herencia de Andrea Piquinoti, el hermano de Francisco María y cuñado de Antonia Galindo, cuyos bienes no se integraron en le mayorazgo fundado por su padre y de los que eran legitimos herederos los cuatro hijos de Antonia. Pero los auténticos protagonistas que asumieron la responsabilidad de dar una solución final a tan largo conflicto fueron los regidores Juan de Espila Perona y Sebastián Belmonte.

En la liquidación de cuentas del concejo de San Clemente con los Piquinoti, la villa de San Clemente alegó que debía descontarse las ganancias de los bienes propios adquiridos por los Piquinoti en ventas judiciales desde 1668. Así los molinos harineros, por ejemplo, había sumado a la casa Piquinoti unas rentas anuales de 3.300 reales, la dehesa redonda, seiscientos reales, la correduría y almotacenía, 2.200 reales anuales, la escribanía en 2.650 reales anuales. Tales valores de arrendamiento no eran fijos en los diferentes años pero si estimativos. De tal modo que la escribanía no siempre se arrendaba en un único titular que la subarrendaba en otros escribanos, así a partir de 1712 se tendió a arrendamientos individuales entre los diez y ocho escribanos que la servían por una cantidad fija de cien reales, o al menos esta era la cantidad declarada, sin duda unfravalorada, ante la Contaduría mayor de rentas en manos de los Melgarejo. Lo que no cabe duda es que los Piquinoti exprimieron las rentas enajenadas a su favor de la villa de San Clemente. Una muestra es que para el período 1706 a 1716 los ingresos recibidos por el arrendamiento de la almotacenía y correduría ascendían a 787.292 maravedíes, es decir, algo más de dos mil ducados.

La liquidación de cuentas entre el concejo de San Clemente y los Piquinoti se formalizó el 30 de octubre de 1741 y comprendió el período comprendido entre el año 1629 y el año 1740. El censo de los diez mil ducados de plata imponía un interés próximo al siete por ciento, pero en la concordia de 1647 se decidió un nuevo interés del cinco por ciento, quinientos ducados, nuevamente rebajados en 1706, por una pragmática que afectaba a todos los censos, a un interés del tres por ciento, trescientos ducados:

  • Para el período de 1629 a 1638, 46.750 reales de réditos
  • Para el período de 1638 a 1647, 52.250 reales de réditos, más 4.000 reales de costas. Sumados a los anteriores hacen un total de 103.000 reales, que fueron reconocidos por la villa en la concordia de 1647.
  • Para el período de 1647 a 1705, 319.000 reales
  • 285 reales de prorrata de los réditos del año 1705, desde 18 de julio hasta que se decide en agosto de ese año bajar los intereses al 3 por ciento
  • 3.119 reales de prorrata de los réditos desde 17 de agosto de 1705 hasta misma fecha de 1706
  • Para el período de 1706 hasta 1728, 72.600 reales de vellón
  • 731 reales de prorrata de réditos desde 17 de julio hasta seis de octubre, fecha de sentencia de nulidad de las ventas judiciales de los propios de la villa.
  • 24.050 reales de los pagos hechos entre 1668 y 1728 al censo de doña Isabel de la Cadena, de 800 ducados de principal, por haberse sacado de las rentas de los propios embargados al censo de los Piquinoti
La liquidación de cuentas no sería aceptada por el concejo de San Clemente, que no reconocía las deudas que los Piquinoti pretendían de la memoria de Isabel de la Cadena, y se quejaba de las abultadas rentas que los Piquinoti habían ganado de la administración de los propios en el tiempo que los habían poseído tras la venta judicial. Pero San Clemente no quería avenirse a una solución, detallando las partidas que denunciaba. Simplemente, no quería pagar. Por los datos aportados por el Archivo Histórico de San Clemente tenemos noticias que el pleito entre la villa y los Piquinoti seguía en la década de los sesenta y que en 1786 se ajustaban cuentas para redimir el censo. En todo, este intervalo de tiempo los Piquinoti, llamados por el pueblo los piquirroti, que denunciaba sus orígenes conversos, procedentes de la familia origüela, eran el centro de las iras y el odio exacerbado del pueblo. Desde Antonia Galindo, la madre de Benito Galindo Piquinoti, el I Conde de Villaleal, ningún miembro de la familia había osado pisar la villa. Mientras, su casa palacio de San Clemente, el hogar familiar de Pedro González Galindo y su mujer María de Tébar y Aldana, permanecía en ruinas, como sigue hoy en día, con su vieja portada y escudo de armas familiares. Era el símbolo de la pervivencia de los origüela, de cuya sangre todos los sanclementinos querían renegar, pero ninguno podía olvidar.


Anexo. La Hacienda municipal hacia 1665

La hacienda municipal de la villa de San Clemente había menguado muy rápidamente desde comienzos del siglo. El patrimonio municipal, los llamados bienes propios, se habían vendido en los años treinta y cuarenta para hacer frente a las exigencias fiscales y militares de la Monarquía hispánica.  Todos estos bienes estaban hipotecados desde 1607, cuando la villa los ofreció como garantía en el censo de diez mil ducados de Pedro González Galindo. Por entonces, el valor de los mismos se había detallado de la siguiente manera:

  • La escribanía pública de la villa, con una renta anual de 600 ducados (225.000 mrs.), y que en el futuro garantizaría el pago de intereses.
  • La escribanía del ayuntamiento.
  • La caballería de la sierra, de los pinares, montes, dehesas y términos baldíos, con una renta anual de 100 ducados (37.500 mrs.)
  • Almotacenía, 200 ducados (75.000 mrs.).
  • Correduría, 300 ducados (112.500 mrs).
  • Los aprovechamientos de los dos pinares en los caminos de Munera y Villarrobledo, el monte de encinas del Cadozo y San Ginés, camino de Villar de Cantos y Santa María del Campo.
  • Las rentas de los sitios y hornos.
  • Los censos perpetuos sobre las heredades y tierras de la cañada de camino de Villarrobledo.
  • Renta de 12.000 maravedíes sobre los oficios de fieles ejecutores.
  • Penas impuestas en virtud de ordenanzas.
  • El molino harinero, una barca en la ribera del Júcar, en término de Vara del Rey, que rentaba 100.000 maravedíes anuales.
  • Las casas del cabildo y ayuntamiento.
  • La casa de la carnicería, red de peso, cámaras y graneros para pósito y alholí.
Hacia 1625, la rentas procedentes de los propios presentaban una situación mucho más boyante, que garantizaba el pago de los réditos del censo de diez mil ducados de Pedro González Galindo.
  • Escribanía pública, que sirve diez o doce escribanos, valor de 20.000 ducados, renta anualmente, 231.776 mrs. 
  • Escribanía del ayuntamiento, consumidas (vendidas a particulares), valor de 2.000 ducados, renta anual, 0 mrs.
  • Correduría y oficio de corredor, valor de 5.000 ducados, renta anual, 80.000 mrs.
  • Renta de la almotacenía, valor de 4.000 ducados, renta anual, 70.000 mrs.
  • Caballería de la sierra para guarda de los montes, términos y vedados, valor de 3.000 ducados, renta anual, 75.000 mrs.
  • Renta perpetua: Censos contra vecinos impuestos sobre tierras de la Cañada de Santa Ana, valor de 1.000 ducados, renta anual, 16.000 mrs.
  • Dos oficios de fieles ejecutores, servidos por dos regidores, pagados con penas de cámara, valor de 2.000 ducados, renta anual, 12.000 mrs.
  • Casa de los molinos harineros en la ribera del Júcar, valor de 10.000 ducados, renta anual, 136.000 mrs
  • 1/3 de las cortas de montes, pinares y dehesas, valor indeterminado, renta anual, 20.000 mrs.
  • Dehesa de Alcadozo, valor indeterminado, renta anual, 13.600 mrs.
  • Dos montes de encinas y pinares en los caminos de Villarrobledo, valor indeterminado, renta anual, 27.200 mrs.
  • Monte de encinas de Alcadozo y otro de Villar de Cantos (arrendada la bellota junto a la de las encinas ubicadas en los pinares, valor indeterminado, renta anual, 136.000 mrs.
  • Dehesa y pinar de la hoya de la Cierva, que es monte de encinas, pertenecientes a las heredades de Villalpardillo, valor indeterminado, renta anual, 34.000 mrs
  • Sitios yermos, ejidos de Rus, heredad de Casablanca, valor indeterminado, renta anual, 20.000 mrs.
  • Renta que pagan los abastecedores de carnicerías por el abasto y uso de la dehesa carnicera, valor indeterminado, renta anual, 53.256 mrs.
  • Alhorí de la villa, 2.000 ducados (valor de trigo y dinero), renta anual,  0 mrs.
  • Pósito de Alonso de Quiñones, 10.000 fanegas de trigo, no hipotecables a deuda alguna, renta anual, 0 mrs.
  • Casas de la cárcel, casas de su cabildo e ayuntamiento y las casas de las carnicerías y pósito, valor indeterminado, renta anual, 0 mrs.
TOTAL RENTA DE LOS PROPIOS: 954.834 mrs.

Así, podemos definir la hacienda municipal de la villa de San Clemente como una hacienda desahogada, pero a partir de los años treinta, las dehesas comenzaron a arrendarse, primeramente, y enajenarse después, cuando no, caso de Villar de Cantos, pasar a jurisdicción señorial de los Ortega. Los ingresos de las dehesas fueron a parar a sostener el esfuerzo bélico de la Monarquía, después se sumaron el caudal e ingresos del pósito. Las rentas, como la correduría, la almotacenía y la propia escribanía, que dependían del número de transacciones y negocios, decayeron paralelamente al declinar de las actividades comerciales de la villa. San Clemente fue incapaz de hacer frente a los pagos. Hemos citado anteriormente el testimonio de José Gomar, mayordomo de propios, que reconocía en el balance anual de su arca apenas doce reales, que desaparecieron tan pronto como ingresaron.

Los principales ingresos del ayuntamiento hacia 1665 procedían del arrendamiento de unos pocos bienes propios: la escribanía, la almotacenía, la correduría, la dehesa de Villalpardillo y el molino de la ribera del Júcar. El molino todavía procuraba al concejo 128.919 maravedíes anuales cuando Pedro Montoya Vizcarra lo arrendó en el período de 1664 a 1668. Los escribanos pagaban desde 180 a 700 reales por el ejercicio de la escribanía del número, pero el importe de dicha renta había disminuido por ser ejercida por menor número de escribanos. A decir del escribano Juan de Castañeda el valor de las escribanías del número y ayuntamiento no distaba en 1668 del valor que tenían en 1598, cuando la villa las compró por ocho mil ducados; cifra muy alejada de los veinte mil ducados en que serán valoradas un cuarto de siglo después. La correduría y almotacenía sería valoradas en 1668 en alrededor de 70.000 reales de vellón, considerándose que la renta anual no iba más allá de 1500 reales de vellón. Rentas muy minusvaloradas desde comienzos de siglo.

La villa tenía además de propiedades dos obligaciones principales, que respondían a dos censos contraídos en el pasado. Uno era el mencionado censo de diez mil ducados de Pedro González Galindo; el otro era un censo a favor de los herederos de Isabel de la Cadena, por el que la villa pagaba unos réditos anuales de 982,5 reales de vellón.




(1) La postura de Juan Ángel Rosillo, que actuaba en nombre de don José Encinas Figueroa,  se desglosaba del siguiente modo:

  1. Por el molino, casa, barca y ejido de la ribera del Jucar, 50.000 reales de vellón (punto de partida de la subasta 40.000 reales)
  2. Por la almotacenía, 35.000 reales (punto de partida 30.000 reales)
  3. Por la correduría, 25.000 reales (punto de partida, veinte mil reales)
  4. Por la escribanía, 55.0000 reales (punto de partida 50.000 reales)
  5. Por la dehesa de Villalpardillo 30.300 reales (punto de partida 30.000)

ARCHIVO DE LA CHANCILLERÍA DE GRANADA (AChGr). 01RACH/ CAJA 845, PIEZA 11. Pleito entre la villa de San Clemente y los Piquinoti o condes de Villaleal por los réditos de un censo. 1741

sábado, 6 de mayo de 2017

Los Piquinoti y Carrascosilla de Huete: el condado de Villaleal

Escudo de los condes de Villaleal en la casa palacio Piquirroti de San Clemente
http://sanclemente.webcindario.com
La familia Origüela, esa gran olvidada por la historia de la villa de San Clemente, tuvo que esperar ciento sesenta y ocho años años para ver reconocida la hidalguía a la que tuvo que renunciar el primero de la familia, Pedro Sánchez de Origüela, cuando se avecindó en la villa de San Clemente en 1455. El ennoblecimiento llegó de don Pedro González Galindo, que había amasado su fortuna en el Perú en los últimos años del quinientos; vuelto a España, su posición se vio reforzada por su matrimonio con la también indiana María de Tébar Aldana, prima suya y sobrina del doctor Cristóbal de Tébar. Don Pedro González Galindo consiguió tras litigar con la villa de San Clemente ver reconocida su hidalguía el año 1623. La hidalguía fue acompañada de la correspondiente fundación de mayorazgo, que recaería en un primer momento en su hijo Pedro, aunque la beneficiaria a la larga sería su hermana. Posteriormente, la proyección de la familia escapa del localismo de la villa de San Clemente, por el matrimonio de la hija de Pedro y María, Antonia Galindo, con Francisco María Piquinoti, de familia asentista genovesa, y prestamistas principales de la Corona durante el reinado de Felipe IV. El encumbramiento definitivo de la familia vendría cuando Benito Galindo Piquinoti, hijo de Antonia Galindo y Francisco María Piquinoti, es nombrado Conde de Villaleal el 29 de diciembre de 1676, tal como se reconocía por la escritura otorgada por doña Mariana de Austria, como tutora de su hijo menor Carlos II:

Lo que por mandado de su Magestad la Reyna nuestra señora se asienta y concierta con el señor don Benito Galindo Piquinoti, cauallero de la orden de Alcántara, sobre la merced que su Magestad le haze por vía de venta y contrato onoroso de la jurisdición, señorío y vassallaje del lugar de Carrascosilla del partido de la ciudad de Huete, que se supone tendrá asta treinta vecinos y media legua de término es en la forma y con las calidades y condiciones siguientes

  • La primera condición hace referencia de la venta de Carrascosilla de Huete en el marco del contexto de la venta de veinte mil vasallos del año 1627, para pago del asentista de la Corona Octavio Centurión, a su primer propietario Don Pedro de Amoraga y Salcedo. La aldea vuelve a la Corona el 16 de diciembre de 1673 por no hacer frente a los pagos de la compra Juan Antonio de Amoraga, hijo del comprador. Es entonces cuando Benito Galindo Piquinoti se ofrece a comprar la aldea a la Hacienda Real, que asienta a dicha venta el 24 de junio de 1674, pagando Benito Galindo Piquinoti la mitad al contado y la otra mitad en medias anatas. La escritura de venta es de 28 de junio de 1674
  • La venta se hace por juro de heredad perpetuo con la jurisdicción, señorío y vasallaje de dicho lugar 
  • Benito Galindo Piquinoti debía pagar por cada vasallo dieciséis mil maravedíes en plata  o a seis mil cuatrocientos ducados en la misma moneda de plata por cada legua legal del término, a elección de su majestad o del Consejo de Hacienda
  • Piquinoti debía pagar la media anata de dicha venta 
La venta de formalizó por Real Cédula de Carlos II de cinco de julio de 1674, para entonces ya se había decidido cambiar el nombre al lugar de Carrascosilla a Villaleal. El juez de comisión encargado de dar la posesión de Carrascosilla a Benito Galindo Piquinoti fue Pedro de Herrera Ceballos, acompañado de alguacil y escribano receptor. El acto se celebró un 16 de julio en la casa que en dicho lugar poseía el regidor de Huete don José Graciano Figueroa. Estaban presentes los siguientes moradores del lugar: Juan de Arana, alcalde ordinario, Sebastián Culebras, Sebastián Cantero, Francisco de Arana, Domingo de Arana, Alejo Duque, Jacinto Guijarro y otros vecinos de los que no se dice el nombre. Benito Galindo Piquinoti no estaba presente en el acto de posesión. En Madrid había dado su poder a Pedro Rodríguez Anguix, regidor de Huete, y al capitán Benito Cavero. A Carrascosilla de Huete se le cambiaría el nombre por el de Villaleal, por cédula real de 24 de agosto de 1674. la posesión definitiva de Benito Galindo Piquinoti sobre Carrascosilla de Huete, y creación de facto del Condado de Villaleal, vendría confirmada por escritura dada en Madrid a 29 de diciembre de 1676, que reconocía la venta de dicho lugar el 8 de junio de 1674 por un millón setecientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve maravedíes de plata.

La posesión fue contradicha por su anterior propietario Juan Antonio de Amoraga y Espinosa, que era regidor perpetuo de la ciudad de Huete, y el capitán Juan Fernández de Sandoval y Pareja, vecino también de Huete y cesionario de Juan de Vera, que alegaba como acreedor de los Amoraga derechos sobre el lugar, de acuerdo con la venta de 1627 y las obligaciones existentes entre ambos. Pero sus peticiones fueron desechadas.

A continuación se nombraron nuevos oficiales. Alejo Duque como alcalde mayor, Sebastián Cantero por regidor y como alguacil, Francisco de Arana. Luego se tomó posesión simbólica de un horno, que presentaba un lamentable estado de abandono, con la techumbre derrumbada. El pueblo no disponía de cárcel, ni de taberna, ni mesón, ni carnicería, ni tienda.

Carrascosilla de Huete, foto de Faustino Calderón, tomada de la página web
http://lospueblosdeshabitados.blogspot.com.es
Carrascosilla era por entonces un lugar sin vecinos, ocupado por renteros. Tal como se reconocía de mucho tiempo a esta parte a estado sin población esta villa y que los vecinos que auía en ella se an ydo a uiuir a lugares circunuecinos y que los que al presente ay son renteros de don Pedro de Amoraga y don Joseph Graciano (señor de Valdecolmenas), vecinos de Huete. El 19 de julio de 1674 se hizo el recuento de casas y vecinos, que reproducimos por acercarnos al conocimiento del pueblo en aquellas fechas. La villa se había vuelto a poblar en 1672 con renteros, después de estar despoblada desde algunos años atrás, debido a la esterilidad de los tiempos. La villa había estado abandonada durante cuatro años, desde 1669, hasta que en ese año de 1672 se volvió a abrir la iglesia con párroco y de nuevo a lucir la lámpara del Santísimo Sacramento. Propiedad vinculada a los mayorazgos de José Graciano y Pedro de Amoraga, los renteros habían ocupado las casas, incentivados por la exención del pago de impuestos. En realidad, la despoblación de la villa de Carrascosilla fue una artimaña legal de Juan Antonio de Amoraga para no pagar tributos, tal como reconocía el testigo Domingo Duque
que es vecino de la villa de Alcozer y labra diferentes tierras que primero lo fueron de don Juan de Amoragas su tío y su mayorazgo de más de cinquenta años a esta parte y por el pasado del sesenta y nueue diferentes renteros de don Juan Antonio de Amoragas que viuían y heran vecinos desta villa siendo el susodicho señor de ella se fueron a lugares circumbecinos abecindarse así por falta de los frutos como por no pagar su renta y los tributos y hauiéndose quedado el testigo, diciendo el dicho Juan de Amoraga que conuenía que se fuese porque no hauiendo vecindad se daría por despoblada la villa y no pagaría tributos se fue y tomó vecindad en la villa de Valdecolmenas de Abajo
Así, los vecinos de Carrascosilla abandonaron la villa uno tras otro; pero sabedores que no se pagaban tributos, una vez declarada como despoblada la villa, volvieron de nuevo a ella (alguno tan solo dos meses después) para cultivar las tierras. De hecho, la realidad era que los vecinos habían cambiado de vecindad pero no de residencia, por lo que la Iglesia volvió a ser abierta para dar el servicio religiosos a una comunidad estable. Todos los vecinos volvieron, a excepción de tres de ellos, que habían marchado a Saceda del Río. El gran beneficiario de la situación era Juan Antonio de Amoraga que en la argucia había encontrado la solución para recomponer sus decaídas rentas, aunque como sabemos no con la suficiente premura como para pagar sus deudas y evitar que Carrascosilla pasara a los Piquinoti.

En realidad, la decadencia de Carrascosilla de Huete había comenzado mucho antes. A decir de un testigo, la escribanía del concejo había desaparecido hacía cincuenta y siete años, aunque esporádicamente había suplido sus funciones un fiel de fechos. En 1674, la villa ya estaba poblada por once casas que detallamos a continuación
Primeramente entró en una casa que está a la orilla de esta villa como se sale de ella a la ermita de San Seuastián que es del maiorazgo que posee don Juan Antonio de Amoragas, rexidor de la ciudad de Huete, según dijo el dicho alcalde (Alejo Duque), en la qual declaró el susodicho viuía como su maiordomo y asimismo Juan González y Alonso Garrido, mozos de la labranza, vecinos de la ciudad de Huete y que unos ni otros no tenían vecindad en esta villa
Entróse en una cassa acessoria del dicho maiorazgo en que viue María Cantera, viuda de Afonsio de Arana, tiene dos hijos sin hauer tomado estado Domingo de veinte y dos años y Isauel de diez y ocho, y dijo no tenía tomada vecindad y que la tenía en el lugar de Saceda del Río, no tiene criados
Entróse en cassa de Seuastián Cantero, regidor de esta villa, que asiste a esta diligencia, que dijo ser rentero de don Joseph Graciano y ser natural de esta villa casado de primer matrimonio con Francisca García de quien tiene seis hijos: Seuastián de diez y siete años soltero, Julián de doce, Diego Felipe de diez, Ana de siete, Francisco de cuatro y María de diez meses y no tiene criados
Entróse en cassa de Domingo Duque, cassado que fue de primer matrimonio con Isauel Alonso de quien tuuo dos hijos que son vecinos y naturales de Valdo Solmenas, donde están cassados mucho tiempo a y de segundo matrimonio con Catalina de Ygueras, de quien tiene tres hijos, Alonso de veinte, Ysauel de diez y ocho y Ángela de doze, y ninguno a tomado estado y que no tiene tomada vecindad y lo está en Bal de Colmenas y que es rentero de don Gómez de Amoraga vecino de la villa de Alcozer y que en la cassa en que viue es de su maiorazgo
Entróse en cassa del maiorazgo que posee don Joseph Graciano Figueroa, vecinos que dijeron ser de Madrid y señor de Val de Colmenas de Arriua, viue en ella Seuastián de Culebras, cassado de primer matrimonio con María Domínguez, tiene siete hijos: Romualdo de veinte y tres años, Seuastián de diez y ocho años, Ysauel de diez y séis, Lucía María de catorce, Juan de treze, Jacinta Josepha de nueue, Teresa Marta de ocho, no tiene criados ni tomado estado ningún hijo y que no tiene tomada vecindad y que solo es rentero del dicho don Jose Graciano
En dicha cassa viue en compañía de los referidos el licenciado Juan Cano García presuítero, theniente de cura de la parrochial de esta villa no tiene criados
Entróse en cassa que viue Francisco de Arana rentero que dijo ser de don Juan Antonio de Amoraga, casado con Ana de Moia, de primer matrimonio no tiene hijos ni criados ni vecindad tomada
Entróse en una cassa de Gregorio López, que se dijo estar ausente y siruiendo, en la ciudad de Huete de tres años a esta parte y es cassado con María de Arana, que viue en dicha cassa, tiene cuatro hijos, Julián de once años, Francisco de seis, Joseph de cinco y Ana de dos y que no tenía tomada vecindad
Entróse en cassa de Juan de Arana, rentero de don Juan Antonio de Amoraga, cassado de primer matrimonio con Jazinta de Agraz, tiene cinco hijos de Juan de diez años, Ysauel de ocho. Joseph de seis, Afonso de quatro, y Antonio de seis messes y que no tiene criados ni tomado vecindad aunque es natural desta villa 
Entróse en casa de Xacinto Guijarro rentero que dijo ser de don Joseph Graciano y vecino de Valparaiso, cassado de primer matrimonio con Quiteria Martín, tiene un hijo que es de seis meses, nombrado Xacinto que no a tomado vecindad en esta villa
En la cassa última de la dicha villa viue Chistóbal Gómez de hedad de treinta años, soltero, rentero de don Joseph Graciano y dijo no tener vecindad mediante la despoblación
Los mismos renteros de Carrascosilla, en sus testimonios,  nos  dejaron una descripción del pueblo, gracias a la cual podemos recorrer sus términos, bienes de realengo y propios del concejo, incluyendo el deslinde con  un antiguo despoblado llamado Tejer Viejo, el lugar de Saceda del Río y la villa de Verdelpino
y que por auer andado muchísimas veces el término saue que ni en él ni en esta villa no ai castillo ni cassa fuerte ni montes ni prados y valdíos que toquen a su magestad ecepto un ejido que está cercano a el orno del Concejo que será de asta dos fanegas poco más o menos y en él ay el passo y camino para los ganados y fuente y no se a arrendado y se arreinda porque cuando ay obligado assí él como el prado del concejo que está a la salida de el camino de Huete se da para el ganado de la carnicería y sirue también para el ganado de lauor y que assimismo tiene el concejo y son sus propios un montecillo vaxo que es carrascal y algunos robres pqueños que está a la uista del término de el despoblado de Texer Viejo, que era aldea de la ciudad de Huete y lo que produce de los propios y término cerrado seruía para aiuda para pagar los tributos de que se sacó despacho en el tiempo que tomó possesión del señorío para hacer el costo don Andrés de Andrada a quien se le dió y después que se dio por despoblada la villa ymportando mil reales antes más que menos cada año no an perciuido los vecinos marauedís algunos y lo a hecho el mayordomo que es y a sido de don Juan Antonio de Amoraga y se acuerda lo tuvo un año un vecino de Saceda del Río y otro año el licenciado León y el licenciado Vallesteros que son de Valdemorillo y al presente lo tiene y tuvo el año passado el licenciado don Antonio Oroquieta, cura de Caracenilla y a unos y a otros los a visto pastar con sus ganados y que en quanto al término lo que toca a la ciudad de Huete empieza en lo alto del sitio de la Varga y va corriendo por vaxo de la Morrilla asta el cerro de las Puercas donde cierra su término y entrada el de la villa de Verdelpino y va corriendo todas las cumbres de los Hoiaços aguas vertientes las que miran a esta villa y de allí se va continuando en derechura hasta el varranco de la Culebra por encima de el colmenar de el portugués y de allí en derechura al corral de Pascual Gutiérrez, dejándole en la jurisdicción de Verdelpino y de allí se prosigue por la cabeza del cerro de el Enebro asta encima de el poço  de esta villa donde cierra el término de la de Verdelpino y entra el de el lugar de el Texer Viejo, que al presente está despoblado y sin cassa alguna y de el ua siguiendo en rredondo por la cumbre de la buelta del poço quedando las aguas vertientes a esta villa asta llegar al corral que llaman de Pedro Sanz que quedan dentro de esta jurisdición y continúa asta el corral que llaman de Roque, que al presente es del licenciado Juan Cano García theniente cura de esta villa y que da dentro y cierra el término de el dicho lugar despoblado de Texe Viejo y entra en el lugar de Saceda del Río y corre asta el corral de la Senda Blanca por el visso que está por encima del camino de Bonilla y de allí corre asta la caueça de arriua atrauesando la hoia de la Verdad y prosigue a la caueça de el medio, de allí a la caueça de auajo aguas vertientes a lo que mira a esta villa y desde allí corre por deuajo de los Silancos asta el camino real de Huete y mojón de la Varga que es donde se començó 

Archivo Histórico Nacional, CÓDICES, L. 1151. Privilegio a Benito Galindo Piquinoti, conde de Villa Leal, de la jurisdicción, señorío y vasallaje de la villa de Carrascosilla, partido de Huete (Cuenca), a la que se le cambia el nombre por el de Villa Leal. 1676

viernes, 15 de abril de 2016

Genealogía de los Piquinoti y alianza matrimonial con los Origüela de San Clemente

Andrea Piquinoti casó con Isabel Pinelo

     -Benito Piquinoti Pinelo casó con María hija de Francisco el Negro y de Batina Spínola

          -Francisco María Piquinoti caballero de Calatrava casó con Antonia González Galindo y Origüela natural de San Clemente, hija de Pedro González Galindo y Origüela, tesorero del Supremo Consejo de la Inquisición, y de doña María de Tébar Aldave y Origüela, natural de San Clemente (en realidad, nació en Lima en 1586)

                -Don Benito Galindo Piquinoti, conde de Villaleal, caballero de Alcántara, 1635, casó con doña María Gerónima de Sada, hija de don Adrián de Sada y Azcona, caballero de Calatrava, del Consejo de Hacienda, y de doña Francisca Antonia de Marzana y Alvez, señora de la casa de Marzana


Real Academia de la Historia — Signatura: 9/309, fº 208. — Signatura antigua: D-34, fº 208. Tabla genealógica de la familia Piquinoti, vecina de Génova (Italia). [Manuscrito]

miércoles, 7 de octubre de 2015

Los Piquinoti: la herencia de Pedro González Galindo (II)

No siempre don Pedro González Galindo prestó dinero, en ocasiones, lo recibió prestado. La falta de liquidez, no solía atesorar su fortuna, era lo común en un hombre que solía invertir rápidamente el dinero. Es lo que ocurrió en 1614, cuando recibió dinero prestado para prestar.
El 17 de septiembre de 1614, se firma escritura de censo ante el escribano Juan de Santillana entre don Francisco del Castillo y el matrimonio formado por Pedro González Galindo y María de Tébar. Ambos firmarían la escritura; en realidad, ella lo haría por medio de un testigo, pues no sabía escribir. Una muestra del papel secundario de las mujeres en aquel tiempo. Caso sangrante

sábado, 3 de octubre de 2015

Los Piquinoti: la herencia de Pedro González Galindo

Escudo de armas de Pedro González Galindo
Nos es difícil desentrañar el origen de la fortuna que amasó Pedro González Galindo. Intuimos que en el origen de la misma está su mujer María de Tébar, como heredera de su padre Diego, alguacil de la Audiencia de Lima, aunque no se debe despreciar la capacidad de un hombre como Pedro González Galindo para forjarse un destino y una hacienda, pues determinación no le faltaba. La solidaridad familiar de los Origüela y los Tebar contribuiría a consolidar la fortuna. La consulta de los documentos nos desvelan día a día que el contacto entre los hermanos Tébar, el párroco doctor Cristóbal y el indiano Diego, se mantuvo a pesar de los años y la distancia de miles de kilómetros que los separaban.
Como ya hemos señalado, Antonia, la hija de Pedro González Galindo, casaría con el asentista genovés Francisco María Piquinoti, y acabaría heredando la mayor parte de la fortuna de su padre.
El 21 de enero de 1639, Francisco María Piquinoti, caballero de la orden de Calatrava y como marido de Antonia González Galindo, pide tomas posesión de los bienes, juros, censos, rentas y hacienda del mayorazgo que, junto a su marido Pedro, había fundado la viuda María de Tébar. La herencia de Pedro González Galindo fue muy disputada. A su muerte se inició un pleito entre la viuda y su hijo Pedro González Galindo por la posesión del mayorazgo. El mayorazgo, fundado en un primer momento, se había modificado para concederse en 1630 como carga onerosa al primogénito Pedro con motivo de su matrimonio con Aldonza Fernández de Castilla. No sabemos que pasó bien entre 1630 y 1634, salvo que debió morir la mujer del primogénito, Aldonza, y que antes de morir en la primera mitad de 1634, don Pedro González Galindo dio poder a su mujer para disponer de los bienes del mayorazgo hasta que ésta muriera. Conocemos las alegaciones en derecho del pleito, aunque no la sentencia final; pero por la petición de Francisco María Piquinoti en 1639, podemos deducir que existió en los últimos días de la vida de Pedro González Galindo un deseo de marginar a su hijo primogénito y fortalecer la línea sucesoria del matrimonio formado por su hija Antonia y su marido Piquinoti. Doña María de Tébar refundaría el mayorazgo en favor de su hija Antonia.
Enumeramos los bienes de esta toma de posesión de bienes de Francisco María en 1639, a sabiendas que se deberían completar con la herencia de otros hijos de la familia González Galindo:
  • Censo de diez mil ducados de plata de principal contra los propios de la villa de San Clemente, de 17  de julio de 1607.
  • Un juro de 200.195 maravedíes de renta anual sobre las rentas y alcabalas del marquesado de Villena, de fecha en Valladolid de 22 a abril de 1606. El juro pertenecía a partes iguales a Antonia, que había heredado esa mitad por la muerte de su hermana Lorenza, y al primogénito Pedro. Con un interés anual del 5 por ciento, su principal era de superior a los diez mil ducados
  • Un juro de 20.833 maravedíes de renta anual (principal 1.100 ducados de principal), situado en los millones de Salamanca, su fecha en Madrid a 30 de diciembre de 1632.
  • Un censo de 4.136 reales de renta anual contra el Marqués y estado de Santa Cruz y otros fiadores, escriturado en Malagón a dos de septiembre de 1600. La mitad del censo corresponde a Antonia, por muerte de su hermana Lorenza, y la otra mitad a su hermano Pedro.
  • Un censo de 5.200 reales de principal contra Martín López y su mujer, vecinos de Tébar, en San Clemente a 7 de abril de 1634.
  • Un censo de 3.000 ducados de plata de principal contra el pósito y vecinos particulares de la Roda, fechado en San Clemente a 20 de septiembre de 1607.
  • Un censo de 400 ducados de plata de principal contra los bienes de don Luis Benegas Perlín y su mujer Ana de Esquivel, en Madrid a 7 de diciembre de 1618.
  • Un censo de 2.000 ducados de plata de principal contra el capitán Caballón Remírez y Cristóbal Galindo y consortes, vecinos de San Clemente, dado en esta localidad a 23 de enero de 1606. A mitad entre Antonia, tras muerte de Lorenza, y su hermano Antonio.
  • Un censo de 9.000 reales de plata de principal contra el capitán Caballón y doña Elvira Muñoz, vecinos de San Clemente, dado en esta villa a 7 de septiembre de 1607.
  • Una escritura de venta judicial y un juro de 95.076 maravedíes de venta impuesto sobre las hierbas de Alcántara a favor del licenciado Juan Vázquez de Buda y Diego Paredes, que se cobran en virtud de recados puestos en la Contaduría Mayor.
  • Una heredad, casas, pajar, y caballería, casilla de horno, bodega, cueva y jaraíz, ocho tinajas, aljibe para agua de lluvia, pozo manantial, eras, ejido, viña cerrada con árboles dentro y tierras trigales en que hay 620 almudes de siembra de trigo y 9.200 vides, que el doctor Tébar y Diego de Tébar tenían en término de Villarrobledo, llamado de Matas Verdes, adquiridos por escritura de venta de 1605.
  • Una heredad de tierras trigales con dos casas y dos eras y parte de un pozo, que el doctor Tébar y Diego de Tébar, tenían en el término de Villarrobledo, en las casas que llaman de los Lozanos, Matas Verdes, que hay 375 almudes de siembra de trigo, adquiridos por escritura de 23 de octubre de 1605.
  • Una heredad de tierra de pan llevar que era de Diego de Tébar y el doctor Tébar, en término de Villarrobledo, en Matas Verdes, con casas, pajares, eras y pozo de agua dulce; 900 almudes, adquiridos el 9 de marzo de 1605.
  • Un censo de principal de 6.000 ducados de plata contra doña Isabel de Tébar, difunta, que hoy paga el Colegio de la Compañía de Jesús de Madrid, escriturado en Madrid, el 17 de noviembre de 1614.
  • Un censo de principal de 3.000 ducados de plata, contra Isabel de Tébar, pagada como heredero por el mencionado Colegio de la Compañía de Jesús, escriturado el 3 de abril de 1614.
  • Una escritura de censo de 1.000 ducados de plata de principal, contra el capitán Juan de la Plaza y Alonso Bernardo Gallego y consortes, vecinos de Villarejo de Fuentes, escriturado en San Clemente, el 13 de octubre de 1604.
Este es el conjunto de bienes dados en posesión en 1639 a favor de Francisco María Piquinoti, marido de Antonia, del mayorazgo fundado en favor de ésta, aunque se reconoce faltan más efectos que añadir.
Además se reconocen como patrimonio perteneciente a la casa de negocios del señor Andrea Piquinoti, que dirigía la casa en Flandes, y que tomará el control de los negocios tras la muerte de su hermano en 1641. Estos bienes aparecerán incorporados al condado de Villaleal a finales del siglo XVII.
  • En el cuarto uno por ciento de Plasencia de 392.647 maravedíes en cabeza de Eseban Palavesín.
  • En el tercer uno por ciento de Villanueva de la Serena de 64.286 maravedíes en cabeza de los administradores de la casa de Andrea Piquinoti; en cabeza de Andrea Piquinoti, 1.648.000 mrs.
  • En el cuarto uno por ciento de Trujillo, en 1ª, 2ª y 3ª situación en dicho derecho en cabeza de Esteban Palavesín 852.000 maravedíes.
  • En el servicio ordinario de la ciudad de Trujillo, 1ª y 2ª situación en cabeza de Juan Bautista Palavesín 884.000 maravedíes
  • Tercer uno por ciento de Calatrava de Andalucía, juro de 352.000 maravedíes en cabeza de Estebán Palavesín.
  • Dos juros situados en el tercer uno por ciento de Carmona, uno de 112.284 maravedíes y otro de 100.000 maravedíes más, ambos en cabeza de Andrea Piquinoti.
Aunque no aparece en la toma de posesión de 1639, acabaría en manos de la familia también el juro de 1950 fanegas sobre las tercias del Marquesado de Villena, cuyas rentas vemos cobradas por estas fechas por, Pedro, el hermano primogénito de Antonia. Habría que añadir el molino del concejo de San Clemente, las escribanías del concejo y la dehesa Redonda.

El grueso de los bienes, sobre todo censos, fueron adquiridos por Pedro González Galindo en 1607; aunque ya  en 1605 se adquieren las propiedades de Matas Verdes y Alcolea, en Villarrobledo, por los dos hermanos Tébar. No obstante hay un censo escriturado en Malagón en 1600, lo que nos crea la duda sobre fecha de la vuelta a España de Pedro González Galindo. De momento, la única seguridad que tenemos, por los datos aportados por Lohmann, es que el hijo de Diego de Tébar, Fray Pedro de Tébar, volvió en 1602.

La entente de los hermanos Diego de Tébar, alguacil de la Audiencia de Lima, y el doctor Cristóbal de Tébar, parece estar en el origen de la riqueza familiar. Pensamos que la aportación principal a la fortuna correspondió a Diego. Esto nos plantea el origen de los dos legados del doctor Cristóbal de Tébar para la fundación del colegio de la Compañía de Jesús en San Clemente, cuyos patrones eran los hijos de Pedro González Galindo. Como es sabido, el doctor Tébar legó en 1613 la heredad llamada de las Cruces, en Casas de Hernando Alonso, con una renta de 2.500 ducados, que en 1620 se amplió con 53.000 vides de majuelo nuevo y 500 almudes de trigo y cebada, además de unos molinos harineros en el Záncara, término de Socuéllamos.

FUENTES:

ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. FONDO PÉREZ SEOANE. Familia Piquinoti, Posesión por parte de don Francisco María Piquinoti, como marido de Dª Antonia González Galindo, del mayorazgo fundado a favor de su mujer. 21 de enero de 1639.
AMSC. AYUNTAMIENTO. Leg. 4/14. Expediente de fundación del Colegio de la Compañía de Jesús de San Clemente, en virtud de los legados del doctor Cristóbal de Tébar, cura propio de la Iglesia Mayor de Santiago. Años 1613-1620 (hay transcripción de los documentos en Diego Torrente Pérez, Documentos para la historia de San Clemente, tomo II, 1975, pp. 289-295

viernes, 2 de octubre de 2015

El censo de 10.000 ducados a favor de Pedro González Galindo (II)

En alivio de la villa de San Clemente vino en 1607 don Pedro González Galindo, ofreciendo saldar sus deudas con un nuevo préstamo a menor interés. Se trataba de racionalizar la hacienda municipal, pues los diversos censos contraídos por la villa tenían diversos plazos en los cobros y tipos de interés diferentes, aunque el más común era de catorce mil maravedíes el millar, el 7%. El ayuntamiento pedirá licencia real para reducir todos estos préstamos a un único censo a 18 o 20 el millar. La facultad real será concedida el 20 de septiembre de 1606.
En la reunión del ayuntamiento de San Clemente de 12 de junio de 1607, se decide apoderar a dos de sus regidores para formalizar la escritura de censo con Pedro González Galindo, que delegará en su cuñado Francisco de Oviedo. De esa reunión y de los signatarios de la carta de poder conocemos la composición del ayuntamiento en ese momento: Presidía el corregidor Diego de Mendoza Mudarra y el alcalde ordinario Juan de Perona Montoya; eran regidores perpetuos el licenciado Diego de Montoya, don Rodrigo de Ortega, inmerso en pleitos con el ayuntamiento por ver reconocida su hidalguía, Diego Cantero, Bernardo Remírez de Oropesa, Francisco de Serrano, Francisco de Astudillo, Pedro de Monteagudo, don Juan de Castañeda, Bautista García Monteagudo, Miguel de Perona, Miguel de Perona, Diego de Agüero, Gómez de Valenzuela, don Diego de Valenzuela, Francisco de Montoya, Francisco Martínez de Perona y, por último, los dos que actuarían como apoderados del concejo, Alonso Martínez de Perona y Cristóbal de Ávalos. También acudió el alguacil mayor Pedro de Huerta y era notoria la ausencia del alférez mayor de la villa, don Juan Pacheco y Guzmán. Un ayuntamiento, que aunque con pretensiones hidalgas, estaba formado por pecheros con fuertes intereses ganaderos o que habían hecho fortuna en el ejercicio de oficios públicos.
Reconocía la villa tener obligados sus propios y los bienes de los regidores y contraídos otros censos sobre las rentas del pósito de don Alonso de Quiñones, el alhorí municipal y las carnicerías. La nueva escritura de censo a favor de Pedro González Galindo por valor de diez mil ducados se destinaría a redimir los censos mencionados anteriormente de doña Catalina Muñoz, doña Juana de Guedeja, de García de Medrano y otras personas, por un montante de 10.000 ducados. Se trataba de un censo redimible o al quitar con un interés de 18.000 maravedíes al millar, aunque después se renegociaría el interés a la baja, hasta 20 al millar, o sea, el cinco por ciento. Teniendo en cuenta el precedente del censo de Juan Guedeja, también ahora redimido, se hipotecaban la totalidad de rentas y propios del concejo:
  • La escribanía pública de la villa, con una renta anual de 600 ducados, y que en el futuro garantizaría el pago de intereses.
  • La escribanía del ayuntamiento.
  • La caballería de la sierra, de los pinares, montes, dehesas y términos baldíos, con una renta anual de 100 ducados.
  • Almotacenía, 200 ducados.
  • Correduría, 300 ducados.
  • Los aprovechamientos de los dos pinares en los caminos de Munera y Villarrobledo, el monte de encinas del Cadozo y San Ginés, camino de Villar de Cantos y Santa María del Campo.
  • Las rentas de los sitios y hornos.
  • Los censos perpetuos sobre las heredades y tierras de la cañada de camino de Villarrobledo.
  • Renta de 12.000 maravedíes sobre los oficios de fieles ejecutores.
  • Penas impuestas en virtud de ordenanzas.
  • El molino harinero, una barca en la ribera del Júcar, en término de Vara del Rey, que rentaba 100.000 maravedíes anuales.
  • Las casas del cabildo y ayuntamiento.
  • La casa de la carnicería, red de peso, cámaras y graneros para pósito y alholí.
La escritura de censo se firmó en San Clemente el 17 de julio de 1607, ante el escribano Francisco Rodríguez de Tudela. Los 10.000 ducados en reales de plata fueron recibidos de Francisco de Oviedo en mano por Alonso Martínez de Perona y Cristóbal García de Ávalos, un mes después se destinarían a redimir los censos comprometidos. Pedro González Galindo recibiría anualmente cada 17 de julio unos réditos de 207.777,5 maravedíes y, en caso de impago, además de someterse ambas partes a la justicia de corte, se procedería al envío de ejecutores con cargo a la villa de San Clemente y 600 maravedíes diarios de salario. Una cláusula curiosa es que en caso de daño o destrucción de las casas del concejo, éste se comprometía a arreglarlas en dos meses.
El censo sería garantía de otro censo de 3.500 ducados de vellón tomado por Pedro González Galindo el 18 de junio de 1631, pero sobre todo sería el origen de un pleito interminable con la villa de San Clemente.
Posteriormente San Clemente vería confirmado el 31 de mayo de 1634 por el Consejo de Castilla la decisión tomada por el concejo de la villa de 26 de noviembre del año anterior para que las rentas de la almotacenía, correduría y las escribanías se dedicaran íntegramente a pagar los réditos del censo de Pedro González Galindo. La  existencia  de  10  escribanías  del  número  y  una  de apelaciones  como  propios  del ayuntamiento se correspondía un privilegio otorgado por Felipe III, el 25 de diciembre de 1598, a cambio de la concesión de un servicio de 8.200 ducados, que debió pesar en
los orígenes del endeudamiento de la villa. A pesar de que la villa conseguiría ejecutoria en  el  año  1606  para  la  revocación  de  tres  de  esas  escribanías  del  número,  las  siete escribanías restantes y la de apelaciones pasarían  a ser propiedad del primer conde de Villaleal,  Benito  Galindo  Piquinoti,  que  las  acabaría  incorporando  al  mayorazgo fundado por su abuelo, junto a la almotacenía y la correduría y reconocida su propiedad por provisión de la Junta de Incorporación en 7 de marzo de 1716. A partir de aquí, los pleitos entre el conde de Villaleal, sucesor del mayorazgo fundado por Pedro González Galindo, y la villa de San Clemente serían continuos. En 1723, la villa de San Clemente consigue en la Chancillería de Granada nulidad de esta  venta,  entendiendo  que  el  conde  de  Villaleal  tenía  las  escribanías  por  prenda predatoria,  aunque  no  por  eso  se  acabaron  los  conflictos  con  el conde,  al  paso  que comenzaban nuevos conflictos con el marqués de Valdeguerrero. Tenemos constancia que  en  1744,  el  marqués  don  Vicente  Sandoval, aprovechando  su  control  del ayuntamiento,  subastaba  a  su  antojo los oficios de escribanos a favor  de  sus  fieles, removiendo a sus enemigos y acrecentado el número de escribanos a su antojo. Esta es la historia de la relación fiscal de los galindos y piquinotis con la villa de San Clemente, pero incapaz de explicar el odio que, al igual que los Astudillo, generaron en el pueblo.

Fuentes:

ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. FONDO PÉREZ SEOANE. FAMILIA PIQUINOTI. Censo de 10.000 ducados a favor de Pedro González Galindo y contra los propios de la villa de San Clemente. 17 de julio de 1607
AMSC. AYUNTAMIENTO, Leg. 49, Censos contra los propios de la villa de San Clemente. Años 1545 a 1775
Diego TORRENTE PÉREZ. Documentos para la Historia de San Clemente. Tomo II. 1975. Pp. 129-147
AHN. CONSEJOS. Leg. 25.537, Sobre consignación de la escribanía y almotacenía por deudas de réditos de un censo. 1634

jueves, 1 de octubre de 2015

El censo de 10.000 ducados a favor de Pedro González Galindo


Los inicios del seiscientos nos presentan a San Clemente como una villa endeudada. Se acaba de salir de la mortífera peste y de la destructora riada del año 1600 y de años de carestía que han creado un estado de necesidad en la villa, que ha obligado a hipotecar lo propios de la villa y el caudal del pósito y de las carnicerías. Ha contribuido también a este estado una reciente confirmación en 1598 de los privilegios otorgados a la villa sobre la propiedad de algunas rentas como la escribanía, la correduría la almotacenía y la caballería de la sierra. El endeudamiento se acrecentará con el pleito de la villa sobre el consumo de los dos oficios de alcaldes ordinarios, respondiendo a intereses ganaderos enfrentados, entre los regidores y el alférez mayor de la villa, don Juan Pacheco y Guzmán.
No era la primera vez que la villa tomaba dinero prestado a censo. A mediados del quinientos ya lo había hecho del licenciado Melgarejo y su madre Juana de Olivares, vecinos de Castillo de Garcimuñoz, para la compra de trigo, y otros préstamos de forasteros, vecinos de Albacete como Pablo Carrasco, habían hecho posible la remodelación arquitectónica en torno a la Plaza Mayor para construir ese espacio renacentista que hoy nos asombra. Pero la villa de San Clemente siempre había redimido estos censos con celeridad, a pesar de los vaivenes e intermitentes crisis del quinientos, como la penuria de mediados de siglo que denunciaba el procurador Tristán Calvete o los años más críticos en torno a 1570 y el enorme esfuerzo en hombres y recursos económicos que supuso la guerra de Granada.
Los préstamos para la compra de trigo era algo común y repetitivo en una villa atrapada por el monocultivo de la vid y necesitada del trigo de otras villas excedentarias como Villarrobledo o Albacete. El problema se hizo crónico en el último tercio del siglo XVI. Es entonces cuando se suceden las tomas de censos por la villa con los prestamistas, poniendo como garantía bien sus propios o bien el caudal del pósito de Alonso de Quiñones, creado en los setenta, complementariamente al más modesto alhorí de la villa, para regular el abasto de la villa y dar estabilidad a los precios del grano. No debió ser ajeno a este proceso de endeudamiento la sublevación de los moriscos de Granada, tanto por los prestamos tomados para la compra de armas o trigo con destino a esa guerra como por el estado lastimoso en que quedó la villa.
A la familia Melgarejo, se suman otros prestamistas en los años setenta, como los señores de Valera de Abajo o Isabel de Solís. No siempre el dinero va destinado al abasto de trigo; así, en 1575, la mencionada Isabel de Solís presta a la villa 925.000 maravedíes para pago de los oficios de fieles ejecutores, y en 1573 y 1586, Catalina Carrasco, viuda del regidor de Albacete Pablo Carrasco, amplía los prestamos que para la compra de trigo había hecho su marido a otros censos para la construcción del nuevo edificio que albergará el pósito y las carnicerías. La misma finalidad tendrá el préstamo de 4.000 ducados del doctor Olivares, vecino de Madrid, en 1577.
Es en la década de los noventa cuando el proceso de endeudamiento de la villa se acelera y, sobre todo, surgen las dificultades para devolver el dinero prestado. Muestra de ellos, es que empiezan a aparecer entre los censalistas vecinos de la villa para paliar el rigor de las condiciones de los censalistas foráneos. En 1586, el que tiene que socorrer a la villa es su alférez mayor, Juan Pacheco y Guzmán, con una cantidad de 6.000 ducados, que la villa sólo podrá redimir treinta años después de un fuerte contencioso con la familia. La misma cantidad prestará en 1599 el capitán Francisco González de Santacruz.
Así en la primer década del seiscientos hay una complementariedad entre prestamistas locales y foráneos, prefiriendo los primeros como garantía el caudal del pósito o de las carnicerías. Así lo había hecho Juan Pacheco, y ese dinero del caudal del pósito se empleará también para pagar las deudas de los prestamistas albaceteños, aunque sus censos tuvieran como garantía los propios. El pósito de don Alonso de Quiñones con un caudal de diez mil ducados era una garantía para la villa, que permitía la devolución rápida de los censos. A igual que Juan Pacheco lo sabían otros que en 1604 y 1605 acudieron con su dinero, tales como el indiano Diego de Tébar, que aportó 3.000 ducados, o Bautista García de Monteagudo y Francisco de la Torre, que aportaron otros tantos.
Pero otros no sólo buscaban garantías inmediatas sino más a largo plazo en los propios de la villa. Un concejo acuciado en 1601 por la necesidad de pagar el privilegio de la escribanía pública concedida a la villa tres años antes, empeñaba sus dehesa de Villalpardillo y los Pinares, como garantía de los 1.300 ducados prestados por Juana Guedeja de Peralta, viuda del regidor Francisco de Mendoza; previamente, había prestado otros 2.050 ducados para compra de trigo. Su hermano Juan de Guedeja, por entonces escribano mayor de rentas en Valladolid, prestará en 1605 la suma 4.000 ducados con el mismo fin, pero las garantías ahora serán desorbitadas. Prácticamente la totalidad de los propios de la villa, excluidos aquéllos ya hipotecados a su hermana, además del caudal del pósito. Diego Torrente Pérez ha calculado en cerca de 10.000 ducados la garantía; aunque podamos dudar del cálculo, tomamos como buena una cifra que marcará dos años después el umbral deficitario de la villa.
Nuevos prestamistas acudieron en socorro de la villa. Catalina Muñoz, viuda del capitán Oropesa, prestó 2.700, al igual que el canónigo de la catedral de Cuenca, García Medrano. Incluso el regidor Diego Montoya participó en este juego con 200 ducados. Los nuevos préstamos fueron acompañados de condiciones más gravosas no sólo para la villa, sino para los regidores, que hipotecaron sus bienes particulares y oficios públicos por valor de 32 millones de maravedíes.
 La situación creada fue de descontrol financiero. Aunque los intereses de la deuda se habían suavizado, respecto a la tasa del 10% de los antiguos préstamos de los Melgarejo; todavía el interés rondaba los catorce mil, o, en el menor de los casos, los dieciséis mil maravedíes al millar, es decir, el 7%. Incluso la tasa del censo de Juan de Guedeja había vuelto de nuevo al 10%. Más grave era la hipoteca de las rentas de los propios, que dejará huérfano al concejo en un momento de nuevas imposiciones fiscales y, sobre todo, más sentido era el problema por los propios regidores que habían dado con sus huesos en la cárcel a consecuencia del impago de los réditos de los censos, como reconocerán a la hora de tomar un nuevo censo con Pedro González Galindo en 1607.

miércoles, 30 de septiembre de 2015

Don Pedro González Galindo y Origüela, el doctor Cristóbal de Tébar y Origüela, la Compañía de Jesús y una lámpara de plata

Genealogía de los Glez. Galindo
De don Pedro González Galindo ya hemos hablado en otros artículos, de la relación familiar de su mujer María de Tébar, como sobrina del doctor Cristóbal de Tébar también, así como de su misma pertenencia al clan de los Origüela. Ahora trataremos de un aparente asunto anodino, pero que demuestra el afán de esta familia por defender su buena fama en la sociedad y en el lugar que les vio nacer: la donación de una lámpara de plata a la Iglesia Mayor de Santiago de la villa de San Clemente.

El trece de junio de mil seiscientos diecinueve, don Pedro González Galindo concede ante el escribano Bartolomé de Celada escritura de donación de una lámpara de plata a la Iglesia Mayor de Santiago. En la decisión de don Pedro debió pesar mucho limpiar de injurias el apellido Origüela de su familia y, en especial, el recuerdo infame de su antepasado Luis Sánchez de Origüela, condenado a la hoguera por la Inquisición en 1517 y cuyo sambenito colgaba en la mencionada Iglesia. Pero tanto o más debió pesar el deseo de reconocimiento personal de aquel crío, vejado y humillado por los parientes de su madre Isabel García de Monteagudo, únicamente protegido por su abuela María Galindo la Galinda, y que, perdiendo la batalla por sus derechos y hacienda, tuvo que tomar el camino de Indias en 1586. Allí, en el virreinato de Perú, fruto de sus méritos y de su matrimonio con María de Tébar, hija de Diego de Tébar, consiguió amasar la riqueza que hiciera de él un hombre respetado en su pueblo.

Este hombre ocultará el deseo de que la lámpara borre la infame memoria de su antepasado Luis Sánchez de Origüela, pero manifestará el orgullo de un hombre hecho a sí mismo, y que se acordará de Dios para agradecerle haberle salvado de los peligros de las tormentas de sus travesías a Indias como de los enemigos de la fe católica. Agradecimiento interesado de un hombre para mejor presentar sus méritos personales: por muchos bienes temporales que me a dado para mexor honrrar, ylustrar y enriquezer mi casa familiar o dezendenzia. Donación a una Iglesia, que además de ser la casa de Dios es la cabeza de mi patria donde me crie los primeros años de mi hedad y a imitación de mis abuelos y acendientes que tubieron  particular deboción a esta Santa Yglesia donde fueron sepultados. La alusión era clara; en la iglesia de Santiago estaban enterrados los primeros Origüela, los que habían tenido conflictos y sufrido el Santo Oficio, pues sabemos que el padre de Pedro, el licenciado González Galindo, fue enterrado en el convento de frailes franciscanos. A imitación de ellos dice haberse criado de niño este hombre que triunfante reivindica a sus denostados ascendientes.

Su intención de hacer olvidar la raíz infecta de su apellido le llevará a ser admitido en la cofradía de Nuestra Señora de Septiembre, donde sólo se admiten los cristianos viejos, a iniciar un pleito de siete años contra el concejo de San Clemente para su reconocimiento como hidalgo por fin en 1623 y a presentar desafiante cuatro años después su título de familiar del Santo Oficio ante los regidores de la villa. Este año de 1619, y en pleno enfrentamiento por su hidalguía con las viejas familias sanclementinas, que impúdicamente le acusan de bastardo y auido de dañado y punible ajuntamiento, don Pedro González Galindo ordenará la fabricación de una lámpara de plata valorada en 6.000 reales de castellanos o 204.000 maravedíes, para ser colgada del techo de la iglesia de Santiago, frente al altar mayor, con sus velas encendidas a todas las horas para servicio del Santísimo Sacramento, y sobre la misma lámpara labrado con letras el nombre del donante, es decir, el suyo, incluido el apellido Origüela. Una donación para siempre jamás, sin que se pueda quitar ni la lámpara de su sitio ni las letras de su nombre borradas.

Pero, el siempre xamás también tiene una excepción. Esa excepción es la voluntad impuesta por la familia Origüela a la villa de San Clemente. Una familia que aparece cohesionada, como si la fundación del colegio y casa de la compañía de Jesús por el doctor Cristóbal de Tébar y las acciones de Pedro González Galindo fueran al unísono. Efectivamente es así. Aunque se nombra, con cargo al mayorazgo ahora fundado, un mayordomo para cuidado de la lámpara, un próximo de los Origüela y pariente de los Astudillo, Martín Ruiz de Villamediana (¿quién podía dudar de estos apellidos?), en caso de que éste o sus cuidados falten, la lámpara se podrá trasladar y colocar en la Iglesia de la Compañía de Jesús de la villa, que fundó en ella el doctor Xrual de Tébar Origüela, cura propio de esta villa, quien por las escripturas de la dicha fundación dejó por patrones del dicho colegio e capilla mayor de él a mis hijos e decendientes como deudos suyos.

La solidaridad de la familia Origüela ya se había manifestado cuando Diego, emigrado a Indias y alguacil en la Audiencia de Lima, procuró mantener el contacto con sus tres hermanos en España, con una viva correspondencia y solicitando la presencia junto a él de uno de los hermanos, Melchor. Un hijo de Diego, el franciscano fray Pedro de Tébar, con fama de predicador abrirá las puertas de la corte al resto de la familia, y, por supuesto, a su hermana María de Tébar y a su marido, nuestro protagonista. Solidaridad que de nuevo se manifestará con el nombramiento por el doctor Cristóbal de Tébar como patrones del colegio de la Compañía de Jesús a los hijos de su sobrina María, también se acordará de su sobrino Antonio con un beneficio curado y de su hermano indiano Diego con una renta anual de 150 ducados.

La lámpara de plata de la Iglesia Mayor de Santiago era el símbolo ostentoso de los Origüela, pero también de lo efímero de su triunfo. En cualquier caso, allí estaba con su brillo argénteo y sus velas encendidas permanentemente en medio de las diversas capillas consagradas a las viejas familias.


*Pedro González Galindo es el antecesor de los Piquinoti (o Piquirroti) de San Clemente; fundador del mayorazgo familiar


Fuentes:
  • ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. FONDOS PÉREZ SEOANE. Familia Piquinoti. Donación de Pedro González Galindo ante Bartolomé de Celada de una lámpara de plata a la Iglesia Mayor de Santiago de la villa de San Clemente. 1619.
  • AMSC. CORREGIMIENTO. Leg. 45/5. Tasación de gastos de limpieza de lámpara de plata de la Iglesia de Santiago, para servicio del Santísimo Sacramento, por el platero Lorencio Caldés, a pedimento del mayordomo de dicha iglesia. 1619

martes, 1 de septiembre de 2015

Los Origüela de San Clemente: Astudillos y Piquinotis

En la villa de San Clemente, durante el quinientos, vivía en el arrabal, en la calle despectivamente llamada de la Amargura, una importante comunidad conversa que tenía por apellido Origüela.

El primero de esta familia Pedro Sánchez de Origüela había llegado procedente de Castillo de Garcimuñoz y se había avecindado en San Clemente en 1455. Daría lugar a una prolífica descendencia de diez hijos. Aunque a nosotros nos interesan cuatro. De la hija María, descenderían los Montoya, familiares y calificadores del Santo Oficio; del hijo Pedro, descenderían los González Galindo, que vía matrimonial acabarían enlazando en los años treinta del siglo XVII con los Piquinoti, asentistas genoveses, y de Alonso vendría la saga de los Astudillo. Un cuarto hijo de nombre Luis sería quemado por la Inquisición y su sambenito colgaría de la Iglesia de Santiago como estigma acusador de toda la familia.

La fama de poco limpios de esta familia estaba acreditada, se buscase su origen en un Juan González Orihuela, caballero de la banda y de divisa dorada, o se remontase esa ascendencia al escribano Hernán Sánchez de Orihuela, como hacían los detractores. Los enemigos, fundamentalmente familias como los Rosillo o los Perona, supieron aprovechar la memoria colectiva para hacer del recuerdo de la penitencia de Luis Sánchez Orihuela en 1517, un arma arrojadiza para intentar arrinconar en la vida municipal a la familia Orihuela. Sabemos que cortaron de forma tajante, con el proceso inquisitorial mencionado, la participación de los Orihuela en los cargos de alcaldes ordinarios. Que nuevos procesos inquisitoriales se incoaron a mediados del quinientos para frenar su influencia y que las acusaciones por la rayz infecta judaica afloraron a partir de 1616 con motivo del pleito de Pedro González Galindo para obtener ejecutoria de hidalguía.

Las acusaciones de falta de limpieza de sangre fueron demoledoras contra Francisco de Astudillo Villamediana, tesorero de rentas reales del Marquesado de Villena, en el expediente de 1641 para la obtención del hábito de Santiago. En su caso, el estigma de la infamia era doble, pues a las acusaciones de judío se añadían las de moro. Además al recuerdo del oprobio de Luis Sánchez de Orihuela, se sumaba otro sambenito colgado en la iglesia de Santiago, el de su tía bisabuela Juana Fernández de Astudillo.

Su padre había consolidado la riqueza familiar y el reconocimiento público como alcalde, escribano del ayuntamiento y regidor de la villa de San Clemente, uniendo el codiciado cargo de tesorero de rentas reales del Marquesado de Villena, logrado en 1615 a costa de su declarado enemigo Rodrigo de Ortega,  futuro señor de Villar de Cantos y antecesor de los Valdeguerrero.

 Francisco de Astudillo Villamediana sería objeto de las acusaciones viscerales de Juan Rosillo, el licenciado Villanueva o los Perona; pero no sólo sufrió el odio de las viejas familias del pueblo sino el vacío de muchos  regidores que, menospreciando su origen, envidiaban su riqueza y no aceptaban ni su reconocimiento social ni su participación en la vida pública. Al final de su vida, cuando muere (de momento hemos localizado el testamento de su hijo en 1679), el todopoderoso Astudillo del año 1640, es un hombre solo y derrotado. Los acreedores, asentistas y dueños de juros, lo han perseguido en interminables pleitos, ha visto embargado su título de regidor y su descendencia se extinguirá con la muerte de su hijo y único heredero pocos años después. De aquel hombre que se atrevía a encarcelar a los regidores, colaboraba con la monarquía en la ambiciosa política de Olivares o deslumbraba a sus vecinos con fastuosas fiestas del Corpus, apenas si queda nada.

Veinticinco años antes, su pariente Pedro González Galindo se enfrentó a un largo pleito con el concejo de San. Clemente para su aceptación como hijodalgo. A las ya consabidas acusaciones judaizantes se sumaron otras más groseras de bastardía. Pero don Pedro González Galindo no era hombre que se dejara humillar. Con unos veinte años, en 1586 se había ido a América, huyendo de la familia de su madre, los García Monteagudo, poco dispuestos a compartir con el hijo el patrimonio familiar. Las Indias fue la tierra talismán donde hizo fortuna, en cuyo origen no faltó la aportación de su mujer María deTebar, perteneciente a otra rama de los Origüela. La misma de la que procedería el omnipotente doctor Cristóbal de Tébar, párroco de la villa y fundador del colegio de la Compañía de Jesús.

Su vuelta a España fue avasalladora, estableciendo su casa en la calle de Alcalá, creemos que no muy lejos de otros asentistas como Octavo Centurión, que vivía en la próxima Caballero de Gracia. Asentado en el hoy derruido palacio de los Piquirroti, participó en la vida sanclementina desde la distancia, hipotecando los bienes de la villa a un préstamo de 10.000 ducados o controlando el excedente del trigo de las tercias reales del Marquesado con un juró de 1950 fanegas.

Consolidado su poder económico impuso su aceptación en la vida pública de San Clemente, como cofrade de Nuestra Señora de Septiembre, donde sólo se admitían cristianos viejos, como hidalgo en una sesión del ayuntamiento de mayo de 1623 y, en el mismo lugar cinco años después, como familiar del Santo Oficio.

Su ascensión en la corte no era menor. Estableció alianza con los Piquinoti, asentistas genoveses de los reinados de Felipe IV y Carlos II, con el matrimonio de su hija Antonia con Francesco María. El hijo de este matrimonio sería el primer conde de Villaleal.

FUENTES:

  • AHN.ÓRDENES. CABALLEROS DE SANTIAGO. Exp. 2798
  • Véase artículo en PDF (en proceso de redacción)
https://www.academia.edu/20361548/Los_Orig%C3%BCela_de_San_Clemente