Altercados, tumultos y luchas banderizas en Santa María del Campo Rus (1580-1586)-IV

Imagen. http://www.ayuntamiento.org/santa-maria-del-campo-rus.htm

Los sucesos de San Mateo de 1582, en los que el alcalde ordinario Martín de la Solana se había enfrentado a la Justicia del Marquesado, representada por el alcalde mayor licenciado Jaramillo, provocaron el apartamiento del poder local del mencionado alcalde. Aún así, las elecciones de primero de enero de 1583, los Gallegos habían conseguido poner un próximo, Francisco Galindo, para compartir el poder con los Rosillos, que, poniendo a Alonso Rosillo como alcalde ordinario por el estado de los hijosdalgo, fueron los principales beneficiados del ostracismo en que cayeron la mayoría de los oficiales del concejo de Santa María del Campo . La revuelta de San Mateo de los vecinos santamarieños contra el gobernador Mosén Rubí de Bracamonte, que había seguido a esa otra del día de Santa Ana, y en la que el pueblo había hecho piña en torno a su alcalde Martín de la Solana, había dejado a la autoridad del Marquesado huérfana de apoyos en la villa de Santa María del Campo. Apoyarse en los Rosillo era demasiado arriesgado, pues los Rosillo eran muy ambiciosos y despertaban muchos odios en la villa. Así, con la elección como alcalde de Francisco Galindo se procuraba un frágil equilibrio de poderes. Pero Francisco Galindo era una figura lo suficientemente débil como para que los Gallego y Ortega no usarán su oficio en favor de sus intereses. Y los Rosillo eran demasiado impetuosos como para no avivar los conflictos. A finales de septiembre de 1582, el alcalde ordinario Alonso Rosillo intentó apresar al licenciado González y a Hernando Gallego Rubio con la excusa de que estaban quebrantando el destierro al que estaban condenados. La respuesta fue que el licenciado González espada en mano hirió a Alonso Rosillo en su intento de apresarle. Ante la pusilanimidad del otro alcalde Francisco Galindo, Alonso Rosillo intentó llevar la causa a San Clemente ante el alcalde mayor, sin duda escarmentado de los recientes sucesos de San Mateo. A hacer las averiguaciones a Santa María del Campo fue enviado el escribano Francisco de Astudillo, que sin duda conocedor del clima alterado de la villa, pasaría de puntillas en su comisión pero fiel a su oficio y amistad con el licenciado Jaramillo reunió cuanta información inculpatoria pudo. Así el licenciado Jaramillo rescantando el caso del alcalde de cañadas y el quebrantamiento de destierro dictaría sentencias ejemplarizantes en diciembre de 1583. La sentencia a cuatro años de galeras contra Hernando Gallego Rubio ya la conocemos, el licenciado González será condenado a dos años de destierro y el alcalde Francisco Galindo a un año de suspensión de oficio y dos de destierro. El problema es que el alcalde mayor, que fue recusado por el licenciado González, se veía impotente para imponer estas condenas, pues no había alguacil que osara pisar la villa de Santa María del Campo para ejecutarlas.

Sin embargo, lo que enturbió especialmente el conflicto fue un acto infortunado de los Rosillo. El bachiller Alejo Rosillo de Mendoza era abogado de la villa de Santa María del Campo, en una información de testigos a pedimento de Catalina de Araque había incluido en el interrogatorio una maliciosa pregunta que insinuaba la ascendencia mora de Gallegos y Ortegas. La acusación de ascendencia mora de Gallegos y Ortegas será una acusación recurrente de los enemigos de estas familias. La descendencia de un moro llamado Macacho volverá a reaparecer en la información de testigos efectuada con motivo de la obtención del hábito de Santiago de Diego de Ortega Guerrero en 1648. Claro que para entonces Ortegas y Rosillos ya habían emparentado y sus dos ramas familiares en San Clemente y Santa María del Campo, haciendo causa común frente  a la acusación vertida contra el padre de don Diego de Ortega; acusación que andaba en los chascarrillos populares, a saber, que había trocado una abuela morisca por otra cristiana vieja. Del mismo modo los Rosillo de Santa María del Campo se habían librado de su pariente Hernando de Sanclemente, morisco cuyo sambenito colgaba de la iglesia mayor de Santiago de San Clemente, al que todos tenían por ascendiente de la familia. Y es que a la altura de mediados del siglo XVII todo el mundo quería olvidar aquel cambiante siglo XVI, donde las alianzas matrimoniales miraban más al dinero que a la limpieza de la sangre; ahora, en el seiscientos, todos preferían olvidar el pasado no deseado propio y el ajeno. Por aquel entonces, el tan manido y actual tema de la memoria histórica era dejar enterrados en el olvido los antepasados con alguna gota de sangre judía o mora, o simplemente cortar las ramas de los árboles genealógicos y en su lugar implantar nuevos injertos.  Pero en 1580, la acusación de ascendencia mora debió doler a Gallegos y Ortegas tanto o más que ver el poder local arrebatado en manos de los Rosillo. A pesar de los expedientes judiciales y condenas sufridas, estas dos familias tenían suficientes influencias y relaciones familiares en toda la comarca como para aceptar un sino adverso.

Los Gallego de acusados tomarían la iniciativa para ser acusadores. Se había mancillado su honra con graves acusaciones de ascendencia mora. Ante el Consejo Real, en el mes de octubre de 1583, se querellaron los regidores Hernando Gallego Patiño, Pedro Gallego Patiño, el licenciado Hernando González Gallego y el alférez mayor Pedro Ortega Montoya, así como sus esposas y hermanas (Elvira Gallego o Posadas estaba casada con el licenciado González y Jerónima Gallego con el alférez mayor Pedro de Ortega), pero también el señor de Montalbo, Pedro Coello Carrillo, casado con Catalina González, y el licenciado Pedro de la Jara, vecino de Cañavate y casado con Ana Gallego, hija a su vez del licenciado González. La idea era que se comisionara al gobernador del Marquesado, como así se hizo, para que entendiera en las injurias de los Rosillo. Pero ni el Mosén Rubí de Bracamonte parecía tener prisa en su cometido ni los Gallego tiempo que perder, así que aprovecharon la presencia de un deudo como alcalde, Francisco Galindo, para meter en la cárcel de la villa, esta vez bien guardada, al bachiller Rosillo. No obstante, saldría pronto de ella por la puerta y bajo el amparo legal de un auto dado por el otro alcalde ordinario, Alonso de Rosillo, y la protección del regidor Cristóbal Rosillo, hermano del alcalde. Los Gallego acudirían de nuevo al Consejo Real, ahora acusando a los tres Rosillos, consiguiendo prisión del bachiller Alejo Rosillo, sobrino de Alonso y Cristóbal e hijo de una tercer hermana llamada Mencía López, durante dieciséis meses y apartar del poder local a los hermanos Alonso y Cristóbal Rosillo.

Los Rosillo tardarían en reaccionar, mientras su deudo, el bachiller Alejo, letrado e hidalgo, veía pasar los días en la cárcel de Santa María del Campo sujeto con dos grillos. Solo en septiembre de 1584, convencidos de la inutilidad de las acciones del gobernador, acuden al Consejo Real pidiendo amparo, que obtendrán en marzo del año siguiente, cuando se le ordena al gobernador que saque al bachiller Rosillo de la cárcel de Santa María del Campo y lo traslade a la de Quintanar del Rey. La respuesta del licenciado González Gallego cuando se le notificó la provisión del Consejo Real ordenando el traslado del bachiller fue de altanería: puesto que se había cometido al gobernador para tal misión, que se presentará él mismo y no mandara alguaciles ni al alcalde mayor Jaramillo, recusado por no respetar la primera instancia de la villa. El bachiller Rosillo conseguiría salir de la cárcel un trece de marzo, pero con fianza de dos mil ducados, para ser trasladado a la cárcel de Quintanar. Era suficiente, desde Quintanar podía organizar su defensa, acusando a los Gallego de no obedecer las comisiones otorgadas por el Consejo Real a la justicia del Marquesado.

Los Gallego, acusados y condenados por la justicia, no parecían temerla en exceso, aunque prudentemente se habían ausentado de sus domicilios cuando los alguaciles hicieron acto de presencia en Santa María del Campo para llevarse al bachiller Rosillo a Quintanar y seguían llevando su vida cotidiana sin más alteraciones. Aparte de Pedro Coello y su familia que residía en Montalbanejo, lugar de la jurisdicción de Alarcón, el licenciado González seguía en Santa María del Campo con sus negocios y sus papeles de oficio de abogado, ahora centrados en el pleito del bachiller Rosillo, y Hernando Gallego había ido hasta Cifuentes a comprar trigo para el pósito de la villa. Pero para el 30 de marzo todos estaban en sus domicilios; un día antes el bachiller Rosillo era libre de la cárcel de Quintanar. El alcalde mayor Jaramillo ha decidido actuar de oficio en la causa del bachiller Rosillo y nombrar fiscal en la persona del alguacil mayor del Marquesado Cristóbal Coello. Considera que lo que se pone en duda es la misma justicia real. Los Gallegos guiados por el licenciado González habían decidido convertir el caso particular del bachiller Rosillo en un pleito centrado en la defensa de las libertades de la villa y su jurisdicción propia frente a la intromisión del poder y la justicia real.

En los años cincuenta los gobernadores del Marquesado habían fracasado en su intento de dotarse de un escribano de provincia ante quien pasaran los autos judiciales incoados en las villas donde se hallaran presentes dichos gobernadores. Su fracaso era el triunfo del reconocimiento de la primera instancia de las villas. Ahora en la década de los ochenta la figura de Francisco Pérez de Oviedo, escribano de comisiones del Marquesado se parecía bastante  a esa figura del escribano de provincia, más si tenemos en cuenta que las comisiones encargadas al gobernador o su alcalde mayor eran repetidas en el tiempo, hasta seis para la villa de Santa María del Campo, y sin término de plazo. Las intromisiones continuas del alcalde Jaramillo en los asuntos de la villa y que los pleitos se sustanciasen y juzgasen desde las vecinas villas de San Clemente y Villanueva de la Jara crearon un clima de odio y animadversión a la justicia real en Santa María del Campo. A la generación de ese odio contribuían hechos como el remate de cincuenta fanegas de trigo y cincuenta de cebada embargadas a Hernando Gallego Rubio para pagar los veinte mil maravedíes en que había sido condenado por el alcalde mayor Jaramillo. Trigo y cebada se remataron por valor de nueve reales y medio y tres reales y medio la fanega en favor de Francisco de Astudillo, que actuaba como escribano  en alguno de los juicios de Jaramillo. La subasta además de beneficiar a un hombre próximo a la justicia del Marquesado, Francisco de Astudillo, que nacido en 1560 por entonces contaba veinticinco años, se celebró en la Plaza Mayor de San Clemente, pues en Santa María del Campo no hubo quien se atreviera a pujar por el cereal embargado. Ya el año de antes, el de 1584, considerado como un año de excelente cosecha de cereal en Santa María del Campo (no así en San Clemente deficitaria de trigo por su monocultivo de viñas), el alcalde Jaramillo se había hecho traer para consumo de su casa diecisiete fanegas de trigo y más de cuarenta de cebada. El bachiller Rosillo citaba como curiosidad la calidad del trigo de Santa María del Campo frente al de San Clemente, cuyo trigo era rrubión de menos valor e no tan bueno para pan coçido.

El escribano Francisco de Astudillo es el ejemplo más claro de aquellos oficiales públicos sanclementinos que medraron y se enriquecieron a la sombra del poder. Es el modelo de la nueva élite que aprovecharon su cargo en beneficio propio. Cuando el concejo de Santa María del Campo acuse con ciento veinticinco capítulos en el juicio de residencia, obligado al finalizar su mandato, al alcalde mayor Jaramillo y al gobernador Mosén Rubí de Bracamonte, Francisco de Astudillo defenderá con ahínco la probidad del alcalde mayor en sus cuatro años y siete meses de ejercicio del oficio público. A su entender hombre de probada rectitud que no aceptaba nunca regalo alguno. Francisco de Astudillo hablaba con la autoridad, y complicidad de quien había acompañado al alcalde mayor como escribano durante cuatro años por las villas del norte del Marquesado. El testimonio de Astudillo sería corroborado por otros vecinos de San Clemente como los regidores  Francisco de Pacheco, de 50 años, y Juan de Oropesa, de 48 años, o gente principal como Andrés Granero y Alarcón, de 38 años, o Jerónimo Carrasco de Herreros, de 35 años, y por varios escribanos, entre los que destacamos a Miguel Sevillano, nacido en 1556,  y abogados de la villa como el licenciado Agüero o el licenciado Diego de Montoya. Otros testimonios favorables al licenciado Jaramillo eran parte interesado, como era el caso de dos santamarieños ya conocidos y no ajenos a los disturbios: Alonso Rosillo y el bachiller Alejo Rosillo, su sobrino. Los testigos declarantes, que debían su fortuna a su relación de servicio con el gobernador del Marquesado, constituían un partido de hecho favorable a la política de centralización de la Corona que chocaba con los particularismos de las oligarquías locales. Por supuesto que tal partido se alimentaba también de los miembros de esas mismas oligarquías alejadas del poder local.

El bachiller Alejo Rosillo tenía veintisiete años en 1586 y su testimonio, aunque parcial, nos acerca un poco más al pasado histórico de Santa María del Campo en aquellas fechas. A su juicio la villa estaba tiranizada por el licenciado González sus deudos, enfrentados a la justicia del gobernador del Marquesado de Villena y con tratos en la Corte, donde se había mandado a Diego Baíllo, para tratar que la villa fuera lugar de behetría con posibilidad de elegir quién debía ser su nuevo señor

que fue cosa muy açertada açer contradiçión en corte de su magestad para que no se hiçiese la dicha beetría como en efeto lo pretendían porque si se hiçiera lo que ansí pretendían hera acauar con el pueblo y destruirse los vezinos della si no fuera a los deudos del dicho liçençiado gonçález e consortes como dicho tiene y que llanamente conbino e fue muy nezesaria la contradiçión que fue echa por los demás veçinos de la dicha villa e ansimesmo conbino açerse el gasto que se hizo en la dicha contradiçión para la paz de la dicha villa 

La versión de los Rosillo era totalmente opuesta  a la del licenciado González y parientes, que se presentaban como paladines de los privilegios y primera instancia de la villa. Consideramos que la versión de los Rosillo es más verdadera y, a falta de pruebas, creemos que en el momento que don Antonio del Castillo Portocarrero trocó esta villa por la de Fermoselle, en la Corte se planteó la venta de Santa María del Campo a jurisdicción señorial, si no se hizo fue porque la villa compró su libertad por dieciséis mil ducados, una cantidad demasiado elevada que no evitó que la villa cayera bajo jurisdicción señorial en 1608 de nuevo. Pero a la altura de 1583, una vez comprada la libertad, el debate no estaba en elegir entre jurisdicción real o jurisdicción señorial; a decir del regidor Juan de Toro Remírez lo que los Gallego planteaban era desgajar Santa María del Campo de la gobernación del Marquesado de Villena y su incorporación al partido de Cuenca. Sabemos que hubo una reunión de oficiales y vecinos de Santa María del Campo en la ermita de San Roque para mayo de 1583 en la que se decidió dar poderes a un procurador para acudir a la Corte  a solicitar que la villa se hiciera de behetría y se incorporara al corregimiento de Cuenca

que la dicha villa de santa maría del canpo fuese lugar de beetría e ponello en el partido de quenca

La continuidad de Santa María del Campo Rus en la gobernación del Marquesado de Villena la defendió en Madrid Alonso de Rosillo. En opinión de su hermano Cristóbal, el licenciado González y los Gallegos pretendían exonerarse de la cercana justicia del gobernador y alcalde mayor para aprovecharse en beneficio propio de los propios y alhorí de la villa. La razón que pudieran tener los Rosillo como defensores de la villa de Santa María del Campo la perdieron por su alianza con la justicia del Marquesado. Los errores que cometió el alcalde mayor Jaramillo entrometiéndose en cualquier conflicto de la villa, ya fuera político, de disputas banderizas, o moral era visto como una negación de las libertades de un pueblo cuyo recuerdo de sojuzgamiento señorial bajo los Castillo Portocarrero estaba muy presente. A ellos se sumaba el alto coste que tuvieron para la villa y los inculpados las costas judiciales y salarios llevados por los alguaciles y escribanos enviados por la justicia del Marquesado, vistos por los santamarieños como una lacra cuyo único fin era el enriquecimiento de los oficiales reales. De hecho, la mayoría de los ciento veinticinco capítulos iban en este sentido y las pocas sentencias condenatorias del juez de residencia Noguerol se centraban en los abusos de los alguaciles. Por eso, dada la generalidad de los abusos, en el juicio de residencia contra el gobernador Mosén Rubí de Bracamonte quien se presentó como querellante fue el concejo santamarieño y no personas concretas. Al margen de los Rosillos, siempre fieles a la Corona, firmando los ciento veinticinco capítulos acusatorios estaban juntos los viejos enemigos. Basta enumerar sus nombres para verlo: Pedro de Ortega Montoya y Pedro de Campos, alcaldes ordinarios, y los regidores Alonso Montejano, Fernando Gallego Patiño, Pedro Redondo, Cristóbal de Chaves, Juan Rubio, Andrés Redondo, Francisco de Villagarcía Salas, el síndico Francisco Galindo y el bachiller Jerónimo de Mendiola. Entre los apellidos sólo echamos de menos a Martín de la Solana y su hijo. Sus nombres desaparecen de esta historia tras la actitud gallarda del padre el día de San Mateo de 1582, guiando al pueblo para hacer frente al alcalde mayor. Creemos que su desaparición en los papeles no es casual y que su actitud desinteresada de defender las libertades de la villa la pagaron  con algo más que su marginación.

Poco importa que Mosén Rubí de Bracamonte y su alcalde mayor, el licenciado Jaramillo, salvo alguna pena pecuniaria menor, fueran absueltos de casi todos los capítulos acusatorios, pues su fracaso como gobernantes era evidente. Fracaso doble, pues Santa María del Campo Rus tuvo una integración tan precaria como corta en la gobernación del Marquesado de Villena y la propia institución de la gobernación de lo reducido del Marquesado de Villena desaparecía para siempre. Los gobernadores fallaron como reclutadores militares en la guerra de las Alpujarras y fallaron como recaudadores de las rentas reales, sustituidos por el administrador Rodrigo Méndez. Ahora fallarían como garantes de la paz social y de la prerrogativa regia a la hora de impartir justicia. La gobernación estaba muerta: su división en dos corregimientos con respectivas sede en San Clemente y, de hecho, en Albacete (la capital oficial era Chinchilla), venía a reconocer una realidad ya presente desde hacía años: ¿acaso no reconocía el gobernador Mosén Rubí de Bracamonte, con residencia entre Albacete y Almansa, que desconocía el quehacer diario de su alcalde mayor Jaramillo, residente en San Clemente y distante catorce leguas?


Archivo General de Simancas. Cámara Real de Castilla. Juicio de Residencia de mosén Rubí de Bracamonte. Exp. 311. Pieza 8 bis y pieza 9. 1586

Altercados, tumultos y luchas banderizas en Santa María del Campo Rus (1580-1586)-III

Nuevos altercados se sucederían durante el  mes de agosto de 1583. Esta vez serían Alonso de Rosillo de Torres y su sobrino el bachiller Rosillo quienes  se querellan ante el gobernador contra Hernando Gallego Rubio y el licenciado González Gallego. Hernando Gallego Rubio, que había sido desterrado por dos años de la villa desde febrero de 1583, ya deambulaba por el pueblo con total impunidad desde abril. La razón de su vuelta parecía estar en la presencia de un alcalde entregador de la Mesta, cuyas actuaciones colisionaban con sus intereses. Así, armado de lanza y montado a caballo parecía dispuesto a hacer su propia justicia contra el alcalde ordinario Alonso de Rosillo, al que acusaba de parcialidad con el alcalde de cañadas, que refugiado en su habitación con el cerrojo echado, evitó ser linchado. Esta vez, al desterrado Hernando Gallego Rubio se le condenaba a una pena mayor de vergüenzas pública y galeras de cuatro años, en la que no faltaba un pequeño detalle de sadismo, clavándole la mano en un madero, quizás para recordarle que no debía tomar el nombre de Dios en vano, cuando perjuró con aquel voto a Dios que le he de matar, dirigido contra Alonso de Rosillo Torres. El autor de la sentencia, el licenciado Jaramillo, actúo con una severidad, donde el rigor de la justicia se confundía con el odio personal que sentía por estos contumaces santamarieños

sea preso e traído a la cárzel rreal de la villa de santa maría del campo de la qual sea sacado cavallero en una bestia de albarda e ligado de pies y manos en forma de justiçia y con boz de pregonero que manifieste su delito sea traído a la bergüença por las calles públicas e acostumbradas de la dicha villa e sea lleuado a la plaça pública y le sea clauada la mano en un palo que para el dicho efeto estará puesto donde esté el dicho fernando gallego por tiempo y espaçio de media ora de donde sea buelto a la cárçel de la dicha uilla y della sea lleuado a las galeras de su magestad donde sirua de galeote al rremo sin sueldo alguno por tiempo y espacio de quatro años

El caso es que ese verano de 1583, la situación en la villa de Santa María del Campo se había vuelto ingobernable. Y al igual que los Rosillo intentaban hacer leña del árbol caído, otros actores intentaban sacar partido del estado de confusión que vivía la villa y la intromisión de la justicia de la gobernación del Marquesado para saldar viejas cuentas, trayendo a colación asuntos que parecían olvidados. El denunciante en esta ocasión fue un familiar del Santo Oficio llamado Juan de Toro Ramírez, que además era regidor perpetuo, alejado de los bandos; aprovechó su oportunidad para arremeter contra todos. Juan de Toro Ramírez, como demuestran las elecciones municipales de uno de enero de 1583, había sido, por su apoyo a la justicia del Marquesado, uno de los grandes beneficiarios de la condena de los Gallegos, pero no debió ver con buenos ojos que Martín de la Solana siguiera con posibilidades de acceder al poder municipal. Acusó directamente por injurias a su honor a Martín de la Solana y su hijo del mismo nombre y a otros vecinos cómplices en el asunto, entre ellos el citado Hernando Gallego Rubio, su padre Martín y su hermano Felipe. Éstos, acompañados de los Juan Hernández y su hijo, mercaderes, y de una criada llamada Clara de origen morisco, habían recorrido las calles del pueblo cantando coplas dedicadas a la mujer e hija del familiar del Santo Oficio. El familiar aparecía retratado en las coplas como un cornudo apaleado, hijo de una loca; su mujer e hija sufrieron la afrenta de ser manoseadas en su propia casa y recibir unos cuantos improperios de los que el más suave fue el de borrachas. La situación no era nueva, ya antes otro vecino llamado Pedro Martínez Díaz había sido objeto de burlas y tachado de cornudo en un libelo. Mandado alguacil a averiguar lo ocurrido, quien pagaría los platos rotos no serían Martín de la Solana e hijo, sino Hernando Gallego Rubio que acumularía una nueva condena de diez mil maravedíes de multa y seis años de galeras.

Ni qué decir tiene que al intentar ejecutar la sentencia el alguacil del Marquesado Hércules de Mansilla y apresar al hermano de Hernando, Felipe Rubio, fue recibido a pedradas y atacado con palos. Algo que, vistos los antecedentes, nos puede parecer normal, si no fuera porque en defensa de los Gallego Rubio acudieron doscientos vecinos de la villa. A decir de Hércules Mansilla, no había lugar tan revoltoso como Santa María del Campo entre las dos ciudades y veintiséis villas que componían el Marquesado de Villena. El alguacil reconocía que sus compañeros evitaban cumplir las órdenes del gobernador cuando les mandaba ir a esta villa y los escribanos no se atrevían a cumplir las comisiones que como receptores se les encomendaban para recoger testimonios y averiguaciones.

El clima de desconfianza que se vivía en la villa había sido expresado por un insólito ayuntamiento que se celebró un año antes, el 10 de octubre de 1582. Los regidores conjuntamente prohibieron al resto de los vecinos que les miraran mal o profirieran malas palabras contra ellos. La desconfianza general reinante en la villa se traducía en constante delaciones pidiendo tomara cartas en el asunto la justicia real, que veía en cada caso presentado la oportunidad para hacer valer la justicia de la Corona, encarnada por el gobernador y su alcalde mayor, frente a la primera instancia de los alcaldes ordinarios de una villa recién eximida y unas instituciones concejiles muy débiles. El gobernador Rubí de Bracamonte aprovecharía esta situación. Hasta en seis ocasiones sería encargado de hacer averiguaciones Francisco Pérez de Oviedo, escribano de comisiones y vecino de la Roda. El escribano contaba detalladamente el desgobierno que vivía la villa: los alcaides de la cárcel eran pobres o simples marionetas de los principales de la villa, incapaces de garantizar las prisiones o con cuya complicidad escapaban los presos. Se citaba el caso del alcaide Juan de Requena que dejaba pasear libremente por la villa al cura Mendiola y su hermano, que pasaban por ser los autores del libelo de cuernos contra Pedro Martínez Díaz. El citado alcaide pagó su complicidad con los presos en la cárcel, de la que había escapado alguno, según decían en el pueblo, abriendo un boquete en la pared. Versión que chocaba con la incredulidad de Francisco Pérez de Oviedo, para el que los presos en Santa María del Campo solían escapar por la puerta y a plena luz del día.

Los delatores eran del pueblo; pero la actuación de la justicia de la gobernación no actúo de forma ecuánime ni a la hora de impartir justicia ni en su papel de representación de la Corona. La fiesta que para Santa Ana del año de 1582 organizó Mosén Rubí de Bracamonte, reuniendo a su mesa a lo más granado de la nobleza de la comarca (Melgarejos, Pachecos o al señor de Valera) fue visto por la vecindad como una afrenta, pues les recordaba con demasiada viveza el dominio señorial sufrido por el pueblo hasta pocos años antes. Juan Pacheco, alférez mayor de la villa de San Clemente, nos dejó con su testimonio fe de la gravedad de los sucesos

vido como antes que se comenzasen a correr los toros ovo çierta quistión entre pero checa vezino de santa maría del canpo y el liçençiado Xara e juan lópez veçinos del cañavate y ovo tantas cuchilladas que sy no saliera el dicho mosén rrubí con otra mucha gente de su posada entre los quales fue este testigo si no se halla ally el dicho gouernador entiende que durara la quistión gran rrato y uviera mucho mal en ella porque los alcaldes no eran parte para aberigualla y ansimismo acabada la fiesta ubo otras cuchilladas adonde acudió tanta gente a unos que se fueron a rretraer a una hermita del lugar a los quales yba mucha cantidad de gente a los matar adonde estaban rretraydos y vio que el dicho gouernador tomó un caballo y se metió entremedias de más de quinientas espadas y los apaçiguó

Así lo que era fiesta de bienvenida del nuevo gobernador del Marquesado se convirtió en revuelta. Los santamarieños que se enfrentaron a los comensales forasteros invitados por el gobernador, no le perdonarían que acabase con la refriega de las cuchilladas a galope tendido de su caballo y espada desenvainada. Incluso años después recordarían al gobernador que la comida la había puesto el pueblo a cuya costa había comido, confundiendo el gesto de ofrecerle en colación dos platos de confituras como gesto de bienvenida como abuso del hospedaje prestado. Por eso, cuando los sucesos se repitieron el día de San Mateo, las cuchilladas esta vez comenzaron delante de la posada del gobernador entre vecinos de Cañavate y Santa María del Campo por una riña en el juego de cañas que se celebraba. Que su alcalde mayor Jaramillo intentará imponer el castigo de los detenidos en la misma plaza del pueblo fue visto como un insulto de la villa. No es de extrañar que cuando el alcalde Martín de Solana se presentó delante del alcalde mayor para defender la jurisdicción propia de la villa, lo hiciera acompañado de gran parte del pueblo y con una actitud arrogante y de orgullo. Martín Rubio supo expresar, a pesar de su parcialidad el clima de tensión vivido aquel veintiuno de septiembre de mil quinientos y ochenta y dos

y estando el dicho liçençiado xaramillo examinando a los testigos sobre la dicha pendençia llegó el dicho martín de la solana alcalde y juan muñoz escriuano y rrequirieron al dicho lizençiado xaramillo con la executoria de la primera ynstançia que la dicha villa tiene para que los gouernadores y alcaldes mayores no conoscan de primera ynstançia priuatibamente y dixo con esta executoria rrequiero a vuesa merçed porque esta causa es mía y el dicho liçençiado xaramillo se la tomó de la mano y le assió de los cabezones y lo llebó más de diez pasos y lo entregó a unos alguaçiles para que le llebassen a la carçel y lo llebaron y luego dixo quién me rrequiere más con la executoria y dixo alonso montexano rregidor todo el conçejo rrequiere a vuesa merçed que auía quatro o çinco rregidores que estauan allí presentes, y el dicho liçençiado xaramillo dixo todos los que me rrequieran an de yr a la carzel y este testigo que estaba presente dixo señor alcalde mayor mire vuesa merçed que es executoria de su magestad y es justo que vuesa merçed la cunpla y el dicho liçençiado xaramillo dixo donde está el señor gouernador y yo no ay executoria

La impotencia para reducir a los santamarieños la expresaba con desolación el escribano Pérez de Oviedo, llamándoles tramposos y malos pagadores. La razón, y esta si debe considerarse una de las raíces del conflicto, es que no pagaban ni las tercias al obispado de Cuenca ni las rentas reales al gobernador. Además, el gobernador del Marquesado Mosén Rubí de Bracamonte era una persona muy celosa de su oficio. No gustaba de tener residencia fija y el carácter itinerante de su oficio lo llevaba a sus últimas consecuencias, haciendo valer su preeminencia en el conocimiento de los pleitos en las villas donde se hallara presente y tomando personalmente las cuentas de los pósitos, asegurándose de que estaban bien provistos. La intromisión del gobernador en las cuentas de los pósitos, le valió la enemistad de las élites locales de los pueblos. Tuvo un encontronazo muy fuerte con la aldea de Atalaya, que le acusó de quedarse con el trigo requisado para proveer el pósito de su villa Cañavate. Detrás de la acusación  se escondía una parte de verdad y es que el gobernador solía reservarse para su casa y criados una importante cantidad de trigo procedente de Villarrobledo y Vara de Rey. Por eso, su intromisión en los pósitos se veía como intento de acaparación de grano, más si tenemos en cuenta que esa acaparación era la norma común en las oligarquías locales. El intento de Mosén Rubí de Bracamonte de poner orden en las cuentas del pósito de Santa María del Campo sería otro motivo más de su enfrentamiento con los regidores del concejo, pues enviaría ejecutores que obligaron a los regidores a reintegrar el caudal del pósito.

Las irregularidades en la administración del pósito de Santa María del Campo fueron denunciadas por el alguacil del Marquesado Melchor Bermúdez y mostraban cómo la rapiña había acabado con una institución pensada para alivio de las necesidades de los pobres y garantía de la sementera de los agricultores. La sentencia del alcalde mayor fue durísima, afectando a varias decenas de vecinos, aunque la principal condena fue contra el que fuera alcalde ordinario Martín Gallego Rubio, sentenciado a veinticuatro mil maravedíes de multa y suspensión de todo oficio público durante seis años. El otro alcalde, Pedro Perillas, en siete mil maravedíes y cuatro años de suspensión. Las condenas se ampliaban a quienes había especulado con la distribución de pan entre los vecinos, entre ellos el redero Francisco García Montejano y el mayordomo del alhorí Alonso de Polán, pero también contra otros vecinos principales que eran deudores del pósito, varios de ellos regidores, como Francisco Galindo, Alonso Montejano, los hermanos Pedro y Hernando Gallego Patiño, Andrés Redondo, Diego Baillo, Cristóbal de Chaves, Juan Ramírez del Toro o el alguacil mayor Juan Rubio. Prácticamente todos los oficiales del concejo, que habían salido indemnes de los procesos judiciales de finales del año ochenta y dos, eran condenados ahora. La cuantía de las multas que ascendían a 115.000 maravedíes, y aunque fuera por actos cometidos en los años anteriores de inicio de los ochenta, rompía toda posibilidad de entendimiento entre las élites locales y la justicia del Marquesado. A las fuertes penas se añadía el alargamiento eterno de las comisiones de los alguaciles. Uno de ellos, llamado Luján estuvo entendiendo en las cuentas ocho meses. A las costas de su comisión, se unían actos arbitrarios como los veinte ducados llevados sin carta de pago al mayordomo Alonso Polán.

El problema del trigo no solo se circunscribía al pósito. Santa María del Campo Rus pasaba por ser uno de los graneros del Marquesado de Villena. No era extraño que las autoridades del Marquesado de Villena, tal como hizo el alcalde mayor Jaramillo siendo alcalde ordinario Hernando de Chaves procediera a requisar el trigo de la villa de Santa María del Campo para proveer a otras villas deficitarias en años de malas cosechas, cuando no para proveer su propia casa. Igual proceder tuvo el gobernador Mosén Rubí de Bracamonte en Cañavate y sus aldeas de Atalaya y Cañadajuncosa, donde sus vecinos se quejaban de haber requisado el año 1584 quinientas fanegas de trigo. Ese año, por los testimonios que nos han quedado, debió ser la cosecha muy mala y la necesidad entre los vecinos extremos. Sabemos que los vecinos de Cañavate tuvieron que ir hasta Castilla la Vieja para comprar trigo.

La rectitud profesional del licenciado Jaramillo provocaría nuevos enfrentamientos. Hasta el punto de provocar la enemistad de quien menos convenía: el cura del pueblo. Esta vez el contencioso vino por una deuda con el concejo de Catalina Galindo, viuda del licenciado Mendiola y madre del cura de la villa, también conocido como licenciado Mendiola. El proceso ejecutivo seguido en 1585 por el alcalde mayor quizás fue su mayor error, pues tanto el licenciado Mendiola se tenía por autor de los capítulos acusatorios que sufrieron en su juicio de residencia el propio alcalde mayor y el gobernador Rubí de Bracamonte.

Además las sentencias judiciales del licenciado Jaramillo provocaban con su dureza un mayor resentimiento en los vecinos del pueblo que agudizaban las tensiones. El caso más señalado es la sentencia pronunciada, ya en 1586, contra Ana de la Fuente, acusada de adulterio con el espadero Juárez, y condenada a ser degollada por su propio marido. Tanto o más que la dureza de la sentencia debió doler en la villa de Santa María del Campo que el proceso fuera arrebatado al alcalde ordinario Pedro de Ortega Montoya y entendido, si bien es cierto que comisionado por el Consejo Real, por el licenciado Jaramillo

en rrebeldía fueron condenados y sentençiados los dichos Juan Xuárez y Ana de la Fuente en que donde quieran que puedan ser auidos sean traydos a la cárçel pública desta dicha villa de donde sean sacados caballeros en sendas bestias de aluardas atados de pies e manos y fuesen traydos por las calles prinçipales desta villa y por boz de pregonero que manifestase su delito y bueltos a la plaça pública desta villa... fuesen entregados a al dicho Juan Rruuio Mogorrón para que los degollase e perdonase e hiçiese dellos lo que quisiese y más fuesen condenados en perdimiento de sus bienes.

La historia de los amores del espadero Juan Juárez y Ana de la Fuente merece contarse. Ana de la Fuente era una moza de veintipocos años casada con Juan Rubio, que había sido alguacil mayor de la villa. Los encuentros entre el espadero y la joven en la casa de Juan Rubio eran continuos. El cornudo marido se mantenía ignorante de los excesos carnales que se cometían en su propia casa. Contribuían a su ignorancia la colaboración de varias alcahuetas del pueblo, encubridoras del adulterio. Entre ellas, Quiteria Martínez, Ana Gallega y María Delgado. Los amores, que debía conocer todo el pueblo, menos el engañado marido, duraron hasta que Juan Rubio, sin duda alertado, se presentó en su casa y vio a los dos amantes en el lecho matrimonial. Llevado de la ira, desenvainó su espada y cargó contra Juárez, que recibió cuatro heridas, pudiendo escapar a duras penas en dirección a la Iglesia. Allí le curaría de sus heridas el cirujano del pueblo. Mientras, Ana de la Fuente era confinada en arresto domiciliario en casa de Hernando González Gallego, que actuaría como su curador, pues era menor de veinticinco años, y donde confesaría su culpa. No le quedaba más remedio, su marido había presentado ante el alcalde Pedro de Ortega como prueba del adulterio el sombrero y un herreruelo (capa corta de la época) olvidados en su huida por el espadero.

Las averiguaciones del alcalde Pedro Montoya fueron encaminadas a apresar al adúltero, que había dejado la Iglesia, a Ana de la Fuente y a las alcahuetas y meterlos a todos en la cárcel pública de la villa. El carcelero Juan Roales, a diferencia de otros alcaides parecía más honrado, pero impotente para cumplir con su misión. La cárcel pública no era modelo de seguridad, pues las tres alcahuetas y Ana de la Fuente se escaparían por un agujero en el techo. A su huida, seguiría la del espadero y Ana Gallego, que en el interim había sido presa. Esta vez el método de huida había sido el clásico de serrar el cerrojo con una lima. Todos juntos se refugiaron en la iglesia de la villa, donde su conducta no debió diferir mucho de la seguida en casa de Juan Rubio. Hasta que llegó a entender del caso el licenciado Jaramillo; entonces, los amantes decidieron fugarse. Prófugos serán condenados en rebeldía.

El rigor del alcalde mayor Jaramillo como censor de costumbres tenía bastante de actitud vengativa contra los contumaces santamarieños. El caso del espadero y Ana de la Fuente venía a coincidir en el tiempo y a sumarse a otro proceso que dos años después había sido rescatado, el de cuernos y libelo contra Pedro Martínez Díaz (en el que el alcalde mayor era el amante burlador según los rumores), para imponer nuevas condenas contra aquellos que habían escapado de la acción de la justicia en 1583. Los condenados ahora eran Felipe Rubio, el hijo de Martín Rubio Gallego,  y Juan González Gallego, el hijo del licenciado González, que habían mancillado el honor de Pedro Martínez, presentando a su mujer como puta y borracha. Inducidos por el cura del pueblo. el licenciado Mendiola, habían colocado en la puerta de la iglesia unos cuernos sacados de la carnicería y un libelo narrando los engaños que sufría el infortunado marido. Las sentencias de doce de octubre de 1585, que reproducimos, fueron durísimas, con castigos de horca y azotes. Además el licenciado Jaramillo hizo oídos sordos al acogimiento de los dos jóvenes al fuero universitario como estudiantes de Alcalá de Henares que eran

que quebrantó la carçel y se fue della y ausentó el dicho feelipe rrubio que le deuo condenar y condenó  a que doquiera que pudiera ser auido sea presso e traydo a la cárcel rreal desta villa de la qual sea sacado cauallero en una uestia de aluarda y con una soga a la garganta ligado de pies y manos en forma de justiçia con voz de pregonero que manyfieste su delito sea traydo por las calles públicas y acostumbradas desta uilla y sea lleuado a la orca y rollo della, el qual sea aorcado de la garganta asta que naturalmente muera y no sea quitado sin mi lizençia y mandado so pena que el que sin ella lo quitare sea puesto en su lugar

condeno al dicho juan gonçález gallego a que sea puesto a quistión de tormento de cordeles y agua en la forma acostumbrada la cantidad de la qual y vezes que se an de apretar los garrotes en mí rreseruo

Martín Rubio Gallego también sería condenado por encubridor y permitir las acusaciones vertidas en el libelo y encarcelar a Ana Ramírez, mujer de Pedro, por adúltera. Su pena sería ejemplar: cincuenta mil maravedíes de multa, mitad para la cámara real y mitad para los injuriados, y tormento de azotes, agua y cordeles. Mejor parado salió en las condenas el autor intelectual del libelo: el bachiller Jerónimo Mendiola, cura de la villa, que sería condenado en multa de 10.000 maravedíes, la mitad para la cámara real y la otra mitad para los ofendidos. Además, el paje del cura, Juan Cabronero, un adolescente de catorce años sufrió tormento con el fin de que confesara sus viajes con su pollino hasta la carnicería para trasladar los cuernos. Poco importaba, no había persona en el pueblo que directa o indirectamente no se viera afectado por las condenas de Gaspar Jaramillo. Sorprende la dureza de las condenas del caso de cuernos de Pedro Martínez; la razón era, algo que se intentó ocultar en todo el proceso, que el amante de Ana Ramírez era el propio licenciado Jaramillo. A ello se unía que Pedro Martínez era de los pocos apoyos con que contaba el licenciado Jaramillo en el pueblo; hasta tal punto que en ocasiones actuaba como alguacil del alcalde mayor sin tener nombramiento. No eran los únicos flirteos amorosos del alcalde mayor, del que decían las malas lenguas que también rondaba en la villa a una joven viuda.

En detrimento de Mosén Rubí de Bracamonte hay que decir que su acción de gobierno dejó en segundo plano la parte norte del Marquesado, lo que luego sería el corregimiento de las diecisiete villas; aparte de su afán viajero, tendía a tomar como residencia y centro de su acción gubernativa las villas de Albacete y Almansa, dejando total autonomía al licenciado Jaramillo, que residía como alcalde mayor en San Clemente, para la gobernación e impartición de justicia en las villas del partido de arriba. Su antecesor el gobernador Velázquez supo mantener la paz social contemporizando con el licenciado González y otros principales de Santa María del Campo; la acción judicial del licenciado Jaramillo, huérfana de todo proyecto político, llevaría a la proliferación de conflictos y sería causa del fin de la gobernación del Marquesado de Villena. Rubí de Bracamonte siempre se refugió en que estaba a una distancia de catorce leguas de su alcalde mayor y, por tanto, no era responsable de sus actos, pero esto era tanto como reconocer que la gobernación se había convertido en una demarcación lo suficientemente extensa y compleja como para ser gobernada por una persona.

Pero las acciones ejecutivas del gobernador eran burladas una y otra vez por los regidores santamarieños, que hacían oídos sordos a sus mandatos como a las providencias de excomunión del obispado de Cuenca por no pagar las tercias reales. La iglesia del pueblo se había convertido en  lugar de refugio donde se huía de la justicia real o, como en el caso del espadero Juárez, acusado de adulterio, lugar profano de encuentro con sus mancebas. Santa María del Campo era un pueblo díscolo y en rebeldía. Sus vecinos huidos o retraídos en la iglesia escapaban de la acción de la justicia. Mosén Rubí de Bracamonte abandonaría su cargo sin conseguir castigar a los contumaces santamarieños. Con el fin de su mandato se puso punto final a la institución de la gobernación de lo reducido del Marquesado de Villena, dividida el 20 de noviembre de 1586 en dos corregimientos. Santa María del Campo había ganado la batalla, pero sus regidores y vecinos aspiraban a más: de perseguidos por la justicia pasaron a acusadores. Más de ciento veinte capítulos fueron presentados contra el gobernador Rubí de Bracamonte y el alcalde Jaramillo. Su estudio en próximos capítulos nos permitirá analizar la continuidad y raíces de este conflicto.


(continuará)

Archivo General de Simancas. Cámara Real de Castilla. Juicio de Residencia de mosén Rubí de Bracamonte. Exp. 311. Pieza 8 bis y pieza 9. 1586



1ª parte
2ª parte
                                                                     *****

Testigos que declararon a favor del gobernador Mosén Rubí de Bracamonte en diciembre de 1586, con motivo de su juicio de residencia

• Francisco Pérez de Oviedo, escribano de comisiones y vecino de la Roda, 41 años
• Licenciado Agüero, abogado y vecino de San Clemente, de 50 años
• Gaspar de Llanos, escribano y vecino de San Clemente, 30 años
• Luis Hércules de Mansilla, alguacil del Marquesado, vecino de Granada y estante en San Clemente, 28 años
• don Francisco Pacheco
• Francisco de Astudillo, escribano
• Miguel de Pareja, 46 años, vecino de San Clemente. Preparó la comida de Santa Ana
• Gonzalo Ruiz Cortés, vecino de Hellín, 40 años
• Gómez Mejía de Figueroa, vecino de Montalbo, 48 años
• Juan de Arriaga, vecino de San Clemente
• Martín de la Cámara, 38 años, escribano y vecino de San Clemente
• Jerónimo de Mérida, vecino y regidor de San Clemente, 40 años
• Juan Pacheco, alférez mayor de la villa, 36 años
• Alonso Rosillo, vecino de Santa María del Campo, 45 años
• Alonso López Cañavate, vecino de Cañavate, 37 años
• Diego de Ibáñez, vecino de Villanueva de la Jara, 47 años
• Diego de Baillo, vecino de Santa María del Campo, 40 años
• Diego Álvarez, criado del gobernador Mosén Rubí de Bracamonte, 44 años
• Alonso García, vecino Cañavate, 32 años
• Miguel Jareño, vecino de Cañavate, 60 años
• Cristóbal Rosillo, vecino de Santa María del Campo, 54 años
• Marcos Jareño, vecino de Cañavate, 31 años
• Alonso Martínez, vecino de Santa María del Campo, 32 años
• Cosme Jareño, vecino de Cañavate, 50 años

Altercados, tumultos y luchas banderizas en Santa María del Campo Rus (1580-1586)-II

Santa María del Campo Rus nos es presentada por las Relaciones Topográficas de Felipe II como una población de quinientos vecinos. Tierra llana y salitrosa, de agua salobre, dedicada al cultivo de cereales, viña y azafrán y ganados lanares que aprovechaban los circuitos trashumantes hacia Chinchilla y Alcaraz para herbajar en invierno. Sin montes de importancia, salvo un monte carrascal, sus vecinos aprovechaban los pinares de Castillo de Garcimuñoz y Villaescusa de Haro para proveerse de leña. Ese año de 1578, cuando se elaboran las Relaciones, sus vecinos están esperando pasar a realengo, hecho que se producirá en 1579. La liberación del yugo de los Castillo Portocarrero creará un vacío de poder y desatará las luchas por el poder local.

Apenas si habían pasado dos años de la incorporación de la villa de Santa María del Campo Rus a la Corona real, pero las luchas por el control del poder local, común al resto de las villas del Marquesado, alcanzaban en Santa María del Campo una virulencia extrema. Los altercados más graves ocurrieron un veintidós de abril de 1582 en la iglesia parroquial de la villa, durante el oficio de la misa dominical. Como en todas las villas, las autoridades locales tenían un asiento preferente en la iglesia. En Santa María del Campo, la disposición preferente de escaños durante la celebración de la misa correspondía al alcalde ordinario Martín de Solanas (o de la Solana) y al alcalde de la hermandad, y además regidor, Juan Rubio. La preferencia de escaño era aceptada de mala gana en el clima de rivalidades que vivía el pueblo. Por eso, un desafiante Hernando Gallego González, regidor e hijo del licenciado González, se presentó ese día en medio de la celebración de la misa y después de hincar sus rodillas ante el altar mayor se dirigió hacia donde estaban sentados los mencionados alcaldes para sentarse en medio de ellos, en un claro gesto de deslegitimar su autoridad. La riña y trifulca fue inmediata; Juan Rubio asió del pecho a Hernando Gallego que ayudado por sus familiares respondieron a golpes. A decir de un testigo, Pedro Perillas Chaves, el oficio divino se suspendió, el órgano dejó de tocar, en tanto que unos desesperados clérigos andaban revueltos y a voces para intentar acabar con el tumulto y escándalo.

Santa María del Campo vivía por estos años una declarada guerra de bandos, de tal manera que la celebración de sus ayuntamientos era una continua confrontación de parcialidades, donde era habitual que los regidores desenvainaran las espadas para dirimir sus disensiones. Los bandos reconocidos en la villa eran dos. A un lado se situaban los Gallegos y Ortegas, a cuya cabeza se situaba el licenciado González Gallego y su hijo Hernando; enfrente se situaban diversos vecinos que formaban bando en torno al alcalde ordinario Martín de la Solana y Alonso Montejano

que los dichos françisco gallego alcalde hordinario y hernando gallego gonçález su sobrino y hernando gallego (patiño) su hermano y grauiel de ortega y pedro de ortega alférez el doctor ovalle y juan de toro rramírez y andrés rredondo el moço y françisco de villagarçia son deudos y de un bando y parçialidad en esta dicha villa, los quales tienen grandes parçialidades con el dicho martín de la solana alcalde hordinario y con alonso de montejano y juan xuárez y diego de vayllo y juan rrubio y chistóual de chaues rregidores y con juan de chaues alguaçil mayor y que este testifo a oydo dezir que sobre sus pretensiones y negocio de sus ayuntamientos y cosas de rregidores tienen grandes pesadumbres y rriñas y este testigo a oydo deçir como el dicho françisco gallego alcalde hordinario a tenido pesadumbres con el dicho bachiller rrosillo rregidor desta villa sobre las cosas de sus ayuntamientos y lo ha tenido preso en la cárçel rreal desta villa

En el caso de Gallegos y Ortegas a unos intereses comunes se unían los lazos familiares. El licenciado González tenía por cuñado a Hernando Gallego Patiño, hermano de su mujer, y a Gabriel de Ortega por yerno. La principal acusación que pesaba sobre ellos era que sus ganados se comían las dehesas, tierras de pan y viñas, haciendo caso omiso de las ordenanzas de la villa. Ya en 1581, siendo alcalde ordinario Martín Rubio se ejecutó un proceso judicial contra Ortegas y Gallegos, condenando los abusos de sus ganados, que parece estar en el origen de las desavenencias.

Sería injusto culpar a Gallegos y Ortegas de la situación revuelta y de alboroto que se vivía en el pueblo, pues el bando contrario procuraba en todo momento mantener su posición en el gobierno local y no verla arrebatada. El incidente de la iglesia vino precedido por otro similar en que el regidor Juan Rubio echó de su asiento en la iglesia al regidor doctor Ovalle, sin respetar su mayor antigüedad. Juan Rubio además tenía enfrentamientos abiertos con los alguaciles del Marquesado. El bachiller Rosillo, por su parte, se mostraba amenazante, daga en mano, con el alcalde Francisco Gallego, al que rompía la vara de justicia. De la situación de alboroto y desgobierno que vivía la villa eran conscientes los propios actores, que con sentencias equilibradas, como la dada por el alcalde ordinario Francisco Gallego en 16 de noviembre de 1582, intentaban poner algo de orden. Su condena de 600 maravedíes a Hernando Gallego González por los incidentes de la iglesia y de 300 maravedíes al bachiller Rosillo por las amenazas del ayuntamiento, eran una llamada al orden en la villa, dictada por el temor a la intromisión en los asuntos de la villa del nuevo gobernador Mosén Rubí de Bracamonte. Claro que la mitad de las penas acababan en manos del propio alcalde como juez y se dejaba sin castigar el resto de desacatos numerosos de los regidores.

No obstante, los hechos más graves ocurrieron un día del mes de septiembre de 1581, cuando Gabriel de Ortega y su cuñado Hernando Gallego González, el hijo del licenciado González, se enfrentaron abiertamente con el alcalde Martín Rubio Gallego en la plaza del pueblo, dispuestos a matarle. La reacción popular en defensa del alcalde evitó el linchamiento y provocó la huida de los agresores. Como inductor de los hechos se señalaba al licenciado González, a decir de sus enemigos, hombre de mala lengua, revoltoso y escandaloso. Propietario de cinco manadas de ovejas, pastaba con sus ganados a su antojo por los montes del pueblo, se negaba a pagar alcabalas o diezmos algunos. El favor que le dispensaba el gobernador del marquesado de Villena le convertía en un todopoderoso señor del pueblo. Una de las personas que le hizo frente fue el regidor Alonso Montejano, atreviéndose como alcalde en 1580 a encarcelar a sus pastores y criados por talar los montes y comer las hierbas con los ganados, pero la justicia del marquesado siempre fallaban a favor del licenciado González. Esto era simplemente un desprecio a la primera instancia de la villa y motivo de agravio de sus vecinos. Envalentonado por su impunidad, el licenciado González solía vanagloriarse de su poder diciendo que él era el rrey y el papa y que no ay otro rrey en esta villa.

Martín Rubio Gallego y Pedro Perillas de Chaves, alcaldes para octubre de 1581, se atrevieron a encausar y juzgar al licenciado González y sus deudos por intentar matar al primero. La respuesta que obtuvieron fue el apresamiento por los alguaciles del Marquesado de Martín Rubio, que sería llevado a la cárcel de San Clemente. El gobernador del Marquesado, licenciado Velázquez, con buen juicio e intentado evitar conflictos mayores liberaría al alcalde. El gobernador podía tolerar la negación de la primera instancia de Santa María del Campo, pero no podía convertir el ejercicio de la justicia en arbitrariedad. Comprendiendo el gobernador que su apoyo al licenciado González le abocaba a un conflicto con los vecinos de Santa María del Campo, acabaría por retirarle su apoyo y permitir el desarrollo del juicio iniciado por los alcaldes ordinarios de la villa.

Los excesos del licenciado González y de los regidores y alcaldes de Santa María del Campo fueron permitidos por el gobernador Velázquez que, sabedor de los conflictos generados por la intromisión en la primera instancia de las villas del Marquesado, evitaba inmiscuirse en los conflictos internos de las oligarquías locales. Pero la aparición de Mosén Rubí de Bracamonte como nuevo, y último, gobernador del Marquesado de Villena, desde mediados de 1582, acabó con la neutralidad de la autoridad real, dispuesta a poner orden en el desgobierno de la villa que amenazaba en palabras de los vecinos con perderla. La figura de mosén Rubí de Bracamonte es realmente enigmática, considerado como un masón (tal como delata la pentagonal capilla de Rubí de Bracamonte en Ávila y sus elementos decorativos masónicos),

Capilla de Mosén Rubí de Bracamonte en Ávila

su aparición en la escena tumultuosa de las luchas banderizas de Santa María del Campo casaba mal con los particularismos y llevado quizás de su ideología tanto como de su propio deber, se mostraba dispuesto a poner orden en la anárquica villa. Su llegada fue respondida por los santamarieños con los sucesos de Santa Ana y San Mateo. Lo que podía haber quedado en una simple riña de un pueblo en fiestas se convirtió en insurrección institucional de la villa, exigiendo al gobernador y a su alcalde mayor se respetara la ejecutoria de primera instancia de la villa.

El gobernador cedería el día de San Mateo, ordenando a su alcalde mayor devolviera los autos de la riña de ese día a los alcaldes ordinarios de la villa. Ahora bien, poco después y de la mano del gobernador, la autoridad real interviene en la villa, enviando receptor de la Chancillería de Granada a averiguar de primera mano los alborotos de la villa y el mismo Mosén Rubí de Bracamonte recibe comisión especial con plenos poderes para intervenir judicialmente en la villa por real provisión de 22 de diciembre de 1582, haciendo caso omiso a los privilegios de primera instancia. El nuevo gobernador se establecerá en Villarrobledo, alejado de la villa de San Clemente, sabedor de los intereses comunes y complicidades existentes entre las familias de San Clemente y Santa María del Campo. Desde allí enviará el día de Navidad tres alguaciles para prender a los alcaldes, regidores y demás implicados en los alborotos de la villa. Los tres alguaciles enviados, junto al escribano Francisco de Astudillo, detendrán a la mitad de los oficiales de la villa, llevándolos presos a Villanueva de la Jara. Poco después el uno de enero de 1583, el alcaide Jaramillo presidirá el ayuntamiento para la elección de oficios y conformación de un ayuntamiento más próximo a los intereses de la justicia del Marquesado. Posteriormente revocará la benigna sentencia del alcalde Francisco Gallego de 16 de noviembre de 1582 y dictará nueva sentencia de mayor dureza, imponiendo severas penas de destierro y pecuniarias. Todos los oficiales del concejo de la villa fueron condenados, sin excepción

deuo de condenar e condeno al dicho françisco gallego en tres años de destierro de la uilla de santa maría del campo y su jurisdición el un año sea preçiso y menos lo que mi voluntad fuere el qual salga a cumplir dentro del terçero día de como fuere y entrare en la uilla de santa maría del campo y los otros dos años se aga cumplir cada e quando como por mí fuere mandado... más le condeno en quatro años de suspensión de ofiçio de alcalde hordinario y en diez mill mrs. la mitad dellos para la cámara de su magestad y la otra mitad para gastos de justiçia 

y por la culpa que rresulta contra los dichos fernando gallego patiño e alonso montexano e grauiel de hortega les deuo de condenar e condeno a cada uno de los susodichos en dos años de destierro de la uilla de santa maría del campo el uno dellos preçiso e menos lo que mi uoluntad fuere el qual salgan e cumplan dentro del terçero día de como fueren y entraren en la uilla de santa maría del campo y el otro año los salgan a cumplir cada e quando por mí les fuere mandado... más les condeno a todos los susodichos e cada uno dellos en cada quatro años de suspensión de sus ofiçios de rregidores y en cada diez mill mrs. a cada uno de los susodichos

y por la culpa que rresulta contra martín esteuan escriuano le deuo condenar e condeno en tres años de destierro de la uilla de santa maría del campo el uno dellos preçiso e menos lo que mi uoluntad fuere el qual salgan e cumplan dentro del terçero día de como fueren y entraren en la uilla de santa maría del campo y los otros dos salga a cumplir cada e quando por mi fuere mandado... más le condeno en quatro meses de suspensión de ofiçio de scriuano y en dos mill mrs 

y por la culpa que rresulta contra martín de la solana atento a los descargos por su parte presentados le deuo condenar e condeno en suspensión de ofiçio de alcalde hordinario por tiempo de tres años más le condeno en dos años de destierro de la uilla de santa maría del canpo el uno de ellos preçiso e menos lo que mi voluntad fuere el qual salga a cumplir dentro de quatro días como fuere y entrare en la dicha uilla de santa maría del campo y el otro salga a cumplir cada e quando que por mí le fuere mandado y no lo quebrante el dicho destierro...  

y por la culpa que rresulta contra hernando gallego rruuio le condeno en dos años de destierro de la uilla de santa maría del campo el uno de ellos preçiso e menos lo que mi voluntad fuere el qual salga a cumplir dentro de quatro días como fuere y entrare en la dicha uilla de santa maría del campo y el otro salga a cumplir cada e quando que por mí o por otro juez competente le fuere mandado... más le condeno en dos mil mrs 

y a martín rruuio gallego le condeno en un año de destierro de la uilla de santa maría del campo el qual salga a cumplir cada e quando que por mí e otro juez competente le fuere mandado y salido a cumplir el dicho destierro no lo qubrante... no pueda soliçitar ni tratar ni encargarse de negoçios del conçejo de la dicha villa de santa maría del campo so pena so pena de çinquenta mill mrs. para la cámara de su magestad... condénole más en mill mrs.  

y a el bachiller rrosillo le deuo condenar en dos años de destierro de la uilla de santa maría del campo los quales salga a cumplir dentro del segundo día de como por mí le fuere mandado... más le condeno en dos mill mrs. 

y a diego de vaillo por la culpa que contra él rresulta le deuo condenar e condeno en un año de destierro el qual salga a cumplir de la villa de santa maría del campo cada e quando que por mí le fuere mandado... condénole más en dos mill mrs. 

y por la culpa que rresulta contra pedro de ortega alférez y andrés rredondo rregidores deuo de condenar e condeno en un año de destierro a cada uno dellos... condénoles más a los susodichos en dos mill mrs. a cada uno dellos

y por la culpa que rresulta contra diego martín gallego y christóval de chaues y juan xuárez de parraga e juan rruuio y françisco villagarçia rregidores les deuo condenar e condeno en un año de destierro de la uilla de santa maría del campo el qual salga a cumplir cada e quando que por mí les fuere mandado... condénoles más en mill mrs. a cada uno de los susodichos  

y a juan de toro rramírez y el dotor ovalle rregidores les deuo condenar e condeno en medio año de destierro de la villa de santa maría del campo... más les condeno en quinientos mrs. a cada uno dellos 

y más condeno a los susodichos en cada uno dellos ynsolidum en todas las costas del proçeso y ocupaçiones e caminos de alguaçiles e fiscales y scriuanos que por mí les fueren tasados e rrepartidos cuya tasaçión en mí rreseruo y por esta mi sentençia difinitiua juzgndo ansí lo pronunçió e mando mosén rruuí de bracamonte dáuila

La sentencia comunicada un cinco de febrero de 1583 sería obedecida por la mayoría de los condenados, que serían puestos en libertad en fiado, tenemos constancia que así lo hizo Hernando Gallego Rubio. Pero no ocurriría igual con el licenciado González Gallego y su hijo Hernando Gallego González, que lejos de acatar la orden de prisión que llevaban los alguaciles del Marquesado, se enfrentaron abiertamente a ellos. Cuando el alguacil Melchor Bermúdez fue a casa del licenciado González, este salió huyendo y el alguacil corriendo tras sus pasos hasta apresarlo, pero en ese momento apareció el hijo montado a caballo y espada desenvainada, dispuesto a matar al alguacil, envalentonado por las palabras de ánimo de su padre que le decía dale, dale. El alguacil huiría despavorido mientras padre e hijo se refugiaban en la iglesia de la villa, huyendo poco después del pueblo. Esta actitud de rebeldía sería castigada por Mosén Rubí de Bracamonte con una sentencia ejemplarizante de vergüenzas públicas, destierros perpetuos, condenas a galeras y presidios

fallo que por la culpa que del proçeso rresulta contra los dichos liçençiado gonçález y fernando gallego su hijo y lo provado por el dicho promotor fiscal contra ellos y atento a sus rrebeldías y contumaçias que deuo de dar e doy por bien provado la yntençión del dicho promotor fiscal (Valladares) para lo contenido en esta sentençia y ansí lo declaro en cuya consequençia deuo de condenar e condeno a los dichos liçençiado gonçález gallego y fernando gallego su hijo y a qualquiera dellos a que en qualquiera parte destos rreynos de su magestad que pudieren ser avidos sean presos e con prisiones y gente de guarda sean rremitidos a la cárçel rreal de la dicha uilla de santa maría del campo u a qualquier cárçel de qualquier çiudad villa o lugar deste marquesado donde yo rresidiere e por mí fuere mandado e puestos en qualquier de las dichas cárçeles dellas sean sacados los susodichos liçençiado gonçález gallego y hernando gallego su hijo y qualquier dellos en sendas bestias de albarda y con boz de pregonero que manifieste su delito y sean traídos por las calles públicas e acostumbradas de la tal çiudad o villa donde esta sentençia fuere mandada executar de manera que padezcan bergüença pública en que condeno a los susodichos, más condeno al dicho liçençiado gonçález gallego a que por tiempo de diez años sirua a su magestad sin sueldo y a su costa en la çiudad e rreyno de orán y no quebrante y cumpla lo susodicho so pena de muerte natural en que desde luego le doy por condenado e condeno si el dicho tiempo cumpliere en la forma dicha y cumplido que sea el tiempo de los dichos diez años condeno al dicho liçençiado a que no buelua ni entre en todo este marquesado de villena y quede y sea desterrado de todo él por todos los días de su vida y cumpla e no quebrante el dicho destierro so la dicha pena de muerte natural en la qual dicha pena desde luego le condeno si qubrantare el dicho destierro, demás condeno a el dicho liçençiado gonçález gallego en çien mill mrs. de pena la mitad para la cámara de su magestad y la otra mitad para gastos de justiçia y obras pías... más condeno a el dicho fernando gallego en seis años de galeras en las quales sirua a su magestad al rremo y sin sueldo y lo cumpla y no quebrante el dicho seruiçio en manera alguna de galeras so pena de muerte natural e que le condeno desde luego si lo quebrantare, más condeno a el dicho hernando gallego a que cumplido el dicho seruiçio de galeras quede y esté desterrado de todo este marquesado por tiempo y espaçio de otros seis años y lo cumpla e no quebrante so pena que los sirua en galeras de su magestad al rremo y sin sueldo y no quebrante el dicho seruiçio de galeras so pena de muerte natural, más condeno al dicho hernando gallego en çinquenta mill mrs. de pena por mitad para la pena de su magestad y la otra mitad para gastos de justiçia y obras pías 

El licenciado González no se amedrentaría y se presentaría ante el gobernador para ser preso y apelar su dura sentencia. Mosén Rubí de Bracamonte actuaría con benignidad, revocando su anterior sentencia y condenando esta segunda vez al licenciado González a veinte mil maravedíes de pena y ocho años de destierro del Marquesado. La misma benignidad se extendió al resto de condenados, menos al huido Hernando Gallego Gonzalez, de tal manera que para el verano de 1583, la villa había vuelto a la normalidad, los condenados a la villa. El triunfo del gobernador era el triunfo de la autoridad real sobre unas élites locales que creían haber comprado por dieciséis mil ducados su libertad y, sobre todo, su impunidad. Pero la calma en Santa María del Campo no estaba exenta de tensiones que degeneraron en nuevos tumultos. Para el mes de agosto de 1583, las alcaldías ordinarias estaban en mano de Francisco Galindo, emparentado con el licenciado González y su hijo,  que incumpliendo la orden de destierro se paseaban por el pueblo, y uno de los familiares de los condenados, Alonso de Rosillo de Torres. Nuevos incidentes se sucederían en el mes de agosto. Mosén Rubí de Bracamonte nuevamente debía reducir a esta levantisca población, bien irrumpiendo a caballo en medio de las fiestas o bien actuando con su conocida severidad como juez. Esta vez las penas de sus sentencias incluirían la horca.


(continuará)

Archivo General de Simancas. Cámara Real de Castilla. Juicio de Residencia de mosén Rubí de Bracamonte. Exp. 311. Pieza 8 bis. 1586

1ª parte

Altercados, tumultos y luchas banderizas en Santa María del Campo Rus (1580-1586)-I

Santa María del Campo Rus había pasado a jurisdicción real en 1579, pero para sus vecinos y gobernantes, después de tantos años de dominio señorial de los Castillo Portocarrero, estar bajo la corona era simplemente autonomía total de la villa. Era en el seno de la villa donde se debían arreglar sus diferencias. El vacío dejado por la liberación del dominio señorial fue seguido por una lucha banderiza con dos grupos muy definidos y diferenciados entre Gallegos y Rosillos. Aunque reducir las rivalidades a estas dos familias sería simplificar demasiado la realidad.

Santa María del Campo Rus era un pueblo levantisco. La mecha de la rebelión antiseñorial se había prendido en este pueblo y se había extendido a toda la comarca, como rebelión antiseñorial en villas como El Provencio y Santa María del Campo (contra su señor Bernardino del Castillo Portocarrero) como defensa de las libertades en las villas de realengo frente a los usurpadores flamencos que acompañaron en su venida a España a Carlos I. Los santamarieños no aceptaron nunca de buen grado la sujeción señorial de los Castillo Portocarrero; el último señor, Antonio Castillo Portocarrero, tuvo que sufrir rebeliones años antes de dejar la villa. El estudio de las Comunidades y movimientos antiseñoriales en Santa María del Campo Rus lo haremos en otro momento.

Cuando el gobernador del Marquesado de Villena intentó imponer la jurisdicción real en Santa María del Campo se encontró con una villa ingobernable, tanto por los hechos violentos entre sus grupos como por la oposición de la justicia ordinaria de la villa a que el gobernador interviniera en sus asuntos. El propio Mosén Rubí de Bracamonte, el gobernador en ese momento, reconocía la inutilidad de enviar alguaciles a la villa o imponer severos castigos. Cinco años después de los primeros altercados, en 1586, se reconocía que la iglesia del pueblo estaba llena de retraídos y delincuentes. Pues como delincuentes eran tratados los alcaldes ordinarios, regidores y principales de la villa (incluido el cura licenciado Mendiola), que en 1582, salvo el mencionado cura, habían sido condenados a severas penas de destierro de dos y tres años del pueblo. Por supuesto incumplidas, pues los sentenciados se paseaban por el pueblo impunemente e imponiendo su ley. Valga como ejemplo que los carceleros de la cárcel de la villa eran nombrados por la propia justicia condenada.

Los conflictos del gobernador, y en especial su alcalde Jaramillo, con los vecinos de Santa María del Campo comenzaron  desde la misma toma de posesión de Mosén Rubí de Bracamonte, cuando acudió sucesivamente por dos veces a la celebración de las fiestas del pueblo en 1582 para Santa Ana y, dos meses después, para San Mateo. De error cabe calificar que lo hiciera acompañado por ilustres caballeros de la comarca, como Fernando Carrillo, señor de Valera, dispuesto a celebrar un festín con carnes, aves y otros manjares traídos desde San Clemente. El festín lo organizaba y pagaba el propio gobernador, pero el contexto, con parte de la nobleza comarcal presente, debió recordar a los santamarieños viejos tiempos de dominio señorial de los Castillo Portocarrero. En concreto, causó malestar entre los vecinos que dos regidores de la villa acudieran hasta la ventana de la posada donde se alojaba el gobernador a ofrecerle dos platos de confituras. Lo que era símbolo de hospitalidad se vio como gesto de pleitesía; entendido por el conjunto de los vecinos como que el gobernador y sus invitados habían comido a costa del pueblo.

Era evidente que la fiesta de los señores se movía en un plano diferente al pueblo llano, que no veía con muy buenos ojos la presencia de extranjeros en el pueblo, ni los del festín ni la de otros vecinos comarcanos. Contra éstos irían las iras de un vecindario soliviantado, que la emprendería a cuchilladas un veintiséis de julio, sin que fuera posible poner fin a unos altercados por las justicias de la villa ni por los alguaciles que acompañaban al gobernador. Sería el propio Mosén Rubí, quien montado a caballo pondría orden en medio de la trifulca. Del valor del gobernador no hemos de dudar, pues volvería a repetir su presencia y fiesta en la villa el día de San Mateo, como tampoco hemos de dudar del carácter levantisco del pueblo de Santa María del Campo, que la volvió a emprender a cuchilladas. El gobernador,acompañado del alcalde Jaramillo, parecía dispuesto a aguar la fiesta al pueblo, realizando en plena plaza del pueblo las diligencias necesarias para detener a los autores de las cuchilladas de julio. La respuesta que obtuvo Jaramillo a sus pesquisas, fue la presencia de todo el pueblo, acompañando a su alcalde Martín de la Solana, haciendo valer la jurisdicción en primera instancia de la villa y sus oficiales frente a la justicia superior del gobernador y de su alcalde mayor. La decisión de Jaramillo de encarcelar al alcalde Martín de la Solana, opuesto al bando de los Gallegos u Ortegas, todos ellos prófugos o detenidos,  acabaría con cualquier posibilidad de mediación.

Momentáneamente se acudió a los Rosillo como apoyo de la justicia real, pero los Rosillo de Santa María, como los de San Clemente, eran por estos tiempos más fuente de conflictos que protagonistas de la solución. Por eso, el conflicto se avivó y su resultado también. Las justicia real se endureció y las penas ahora pasaban de las fuertes multas y destierros, a las vergüenzas públicas de unos  reos paseados semidesnudos por la plaza del pueblo a lomos de una mula mientras se leían en voz alta sus delitos, y en el peor de las casos, condenados a galeras, a presidios y a la horca.

En próximos capítulos pretenderemos dar el protagonismo  a estos vecinos principales, regidores y alcaldes abocados a la condición de delincuentes por la justicia real. Divididos en bandos y rivalidades por el dominio del gobierno local de la villa, pero que supieron unirse para defender la independencia jurisdiccional y acusar mancomunadamente al gobernador y su alcalde mayor en el juicio de residencia que debían pasar una vez acabado su mandato. En cualquier caso, el conflicto escondía causas más profundas que lo alejaba de un conflicto limitado a las élites; aunque el detonante sería la preferencia de asiento en la iglesia mayor de la villa y no faltaron disputas familiares, existía un rechazo popular al uso privativo de los montes y bienes comunales y una colisión con el poder central sobre la comercialización del trigo excedentario de los pósitos comarcanos, en la que intervenía algún principal de Santa María del Campo, en concreto, del pósito de la villa de El Cañavate.


Archivo General de Simancas. Cámara Real de Castilla. Juicio de Residencia de mosén Rubí de Bracamonte. Exp. 311. 1586

2ª parte
3ª parte

Tristán Pallarés y Catalina García

Paseo de Rus, lugar de encuentro de Tristán Pallarés y Catalina

Los amores del cura Tristán Pallarés con la viuda Catalina García era la comidilla de cada día en la villa de San Clemente allá por 1566: motivo de escándalo y murmuración entre todos los vecinos. El asunto, divertimento diario para los sanclementinos, era tema de oprobio público para los familiares del marido difunto, Miguel de los Herreros.

Para censurar la vergonzosa conducta de la mujer y la no menos impropia de un servidor eclesiástico, los Herreros, habían hecho circular cierto libelo, que pasó de mano en mano con motivo de la misa dominical en la iglesia mayor de Santiago. Catalina García no se resignó a aceptar esta afrenta pública y  acudió ante el Consejo Real con una información de testigos, tomada por el alcalde ordinario Sebastián Cantero, para defender su honra y para denunciar los turbios manejos del doctor Alonso y su hermano Miguel Sánchez de los Herreros, primos hermanos del marido difunto.

Pero los Herreros estaban dispuestos a defender la memoria de Miguel de los Herreros, el marido difunto, y de paso lanzar sus dardos contra uno de sus enemigos: el clérigo Tristán Pallarés. Aparte de su privilegiada posición eclesiástica, Tristán era el hermano de Hernán Vázquez de Haro. Por su parte, Catalina García era sobrina del regidor Francisco García, muy activo en la política local de mediados del quinientos y mal avenido en el gobierno local con la familia de los Herreros. Tenemos sospechas que Francisco García no tuvo sucesión masculina, únicamente dos hijas, María y Elvira. Posiblemente su riqueza acabara en manos de los Haro, por el matrimonio de Elvira con Hernán Vázquez de Haro.

Así que los Herreros presentaron testigos próximos y deudos para declarar ante el alcalde ordinario Antón de Montoya. Los testigos, diciendo la verdad o haciéndose eco de las habladurías del pueblo, no ahorraron detalle de tan escandalosa relación. Precisamente por eso, porque se temía lo que los testigos pudieran decir y ante quien lo pudieran decir, importaba el alcalde ante quien declarasen los testigos. Más sabiendo que los alcaldes, cargos añales, eran simples testaferros de los bandos del pueblo. Catalina García pedía que cualquier declaración se tomara ante el alcalde Sebastián Cantero y su escribano Francisco González; Ginés Sánchez de Garnica, procurador del doctor Herreros, prefería al alcalde Antón Montoya. Sería este el elegido para la toma de declaraciones, pero para garantizar la limpieza del proceso estaría acompañado por Alonso Rosillo, alcalde de la hermandad, y un nuevo escribano; Francisco Hernández, conocido por nosotros por ser el antecesor de la familia Astudillo.

Así pudieron empezar las declaraciones un dieciséis de octubre de 1566. Previamente alcaldes y escribanos juraron mantener el secreto a que les obligaba su cargo. Los testigos eran personas de reconocida aceptación en la villa de San Clemente: Juan de Robles, Bartolomé de Llanos y el bachiller Alonso de Villamediana. Otros quizás algo menos, o simplemente más indiscretos, como Rodrigo de Soto, Juan Fresneda, Gregorio Guerra, Pascual Mancheño o Diego Simón Rosillo. Todos, incluida María de Montoya, mujer de Francisco de los Herreros, deudos y parientes de esta familia en mayor o menor grado.

Rodrigo del Soto fue el primero en declarar, sin reparar mucho en las consecuencias de sus palabras. Nos presentaba al clérigo Tristán Pallarés como un enamoradizo llevado de su pasión irrefrenable hacia Catalina García: entraba a todas horas en casa de su amada, se veía junta a la pareja por los parajes de la ermita de Rus y, a veces, alejándose un poco más, se encontraban en la ribera del Záncara, donde Catalina García poseía unos molinos. Relación propia de quien tiene muy grande y estrecha amistad, añadía intencionadamente el testigo, y si no ¿a qué venía tanta conversación? El testigo se hacía eco de ciertas noticias que corrían por el pueblo de cómo doña Elvira, mujer de Hernán Vázquez de Haro, había afeado a su cuñado Tristán Pallarés su indecorosa conducta con doña Catalina. También el bachiller Villamediana había recriminado su conducta al clérigo. Claro que el testigo no siempre se hacía eco de los rumores, en ocasiones iba en busca de ellos y de las personas más indicadas para divulgarlos, los criados de Catalina

estando la dicha Catalina Garzía en la cama desnuda que entrava el dicho Tristán de Pallarés e se asentava en una sylla y se estava allí dos o tres oras cabo ella asentado

Las andanzas del clérigo habían llegado a oídos del obispado. El provisor de Cuenca, juez eclesiástico, había mandado dos receptores a la villa de San Clemente a recoger información sobre el caso y mandado al clérigo personarse en Cuenca para ser reconvenido por su conducta, ordenándole que no se juntase baxo texado con la dicha Catalina Garzía

El testigo Juan Fresneda iba más allá, acusando al clérigo Tristán Pallarés de dirigir los negocios de doña Catalina y concertar los peones que iban a trabajar a sus heredades. Bartolomé de Llanos aseveraba que los habían visto juntos, sentados a la lumbre. El joven Gregorio Guerra, de veintiún años, apostillaba que los encuentros nocturnos eran facilitados por una criada.

Otros testimonios tenían más peso, por la significación de los personajes. Así Juan Robles, de setenta años, que había sido alcalde de la villa. Juan Robles, era primo segundo de los Herreros, incluido el difunto, a quienes debía seguramente en años pasados la alcaldía. Juan de Robles se movió dentro de la corrección; poco tenía que aportar a lo que ya habían inquirido los receptores enviados por el provisor de Cuenca. Pero fue firme en la defensa del honor de la familia de los Herreros, de los que eran depositarios los hijos del marido muerto, acordándose en especial de la hija, Inés de Alarcón, doncella en edad de casar, aunque con pocas posibilidades dadas las referencias maternas. A pesar de su recato, Juan de Robles no ahorraba palabras para relatar la trifulca ocurrida entre Catalina García y su tío el regidor Francisco García, hermano de su madre, que había amonestado a su sobrina por su relación con Pallarés. En la riña, Catalina, que debía ser una mujer de armas tomar, no se arredró lo más mínimo y respondió a su tío (que pedía a la sobrina que al menos pensara en el daño que le hacía a su madre),  tirándole unos chapines. Recalcaba Juan de Robles, la humillación y pesadumbre que tenía que soportar la familia Herreros, a los que citaba uno por uno, dándonos a conocer los componentes del linaje por esta época

Miguel Sánchez de los Herreros el viejo, y a los demás de su apellido que son el dotor (Alonso) Herreros y Françisco de los Herreros y Christóval López de los Herreros, y al bachiller Villamediana y a los demás deudos del dicho Miguel de los Herreros difunto, marido de la dicha Catalina Garzía y ansimismo al dicho Diego de Alarcón, hermano de la madre del dicho Miguel de los Herreros difunto les a pesado mucho que en esta villa oviese avido las murmuraçiones y escándalos

El bachiller Alonso Ruiz de Villamediana estaba emparentado con las dos partes. Los Herreros eran primos hermanos de su madre, así como Catalina, que también era prima segunda. Tristán Pallarés también era familia suya. Él mismo estaba casado con Isabel de los Herreros. Y es que los Villamediana era una familia de renombre en el pueblo y cristiana vieja. De treinta y cuatro años, Alonso era descendiente de Martín Ruiz de Villamediana, que en 1523 había cedido una casa para que se establecieran las monjas clarisas. Si tiene algún valor la declaración del bachiller es por la prolijidad de personas principales de la villa que aparecen, cuyas relaciones de amistad u odio están guiadas más por los intereses del momento que por sus lazos de sangre.

Alonso Ruiz de Villamediana era amigo de Tristán Pallarés, como lo era también de su hermano Hernán Vázquez de Haro, y al igual que éste, era consciente que se debía poner fin a los devaneos de Tristán y sus entradas y salidas de la casa de Catalina. Y qué mejor momento para reconvenir sus actitudes indecorosas que en tiempo de Cuaresma. Como amigo y como pariente le rogó que acabara con las repetitivas conversaciones con Catalina, causa de escándalo público y murmuraciones en la villa. Tristán se defendió asegurando que no había malas intenciones con la mujer y que actuaba con toda limpieza. Pero Alonso le aseguraba que no bastaba la buena conciencia ni actuar conforme a la ley de Dios, pues aunque Tristán Pallarés fuera un San Gerónimo y ella Santa Catalina, no vivían solos en el mundo y la opinión y fama que sus vecinos tenían de ellos importaba. Incluso el bachiller acudió a dos amigos de Tristán, Luis de Alarcón y Pedro Alonso, para que acabara su relación con Catalina. También intercedió para que el cura de la villa, Francisco de Valdés, y el general de la orden de San Francisco, fray Francisco de Zamora, intentarán convencer a Catalina García, y para que Tristán Pallarés el viejo, tío de nuestro protagonista, hablara con Elvira García, la madre de Catalina. Pero el clérigo no se dejaba enmendar y seguía con sus visitas a Catalina.

Las primeras denuncias de tan escandalosa relación surgieron del círculo más intimo de Tristán Pallarés, concretamente de su cuñada Elvira García, hija del regidor Francisco García y mujer de Hernán Vázquez de Haro o Pallarés. que se lo había comunicado a Isabel de los Herreros, la mujer de Alonso Ruiz de Villamediana. Enseguida se sumaron otras denuncias como la de Diego Simón, hermano de Alonso Rosillo, que contó la riña ya citada entre Catalina García y su tío el regidor Francisco García. Por su testimonio sabemos, que aparte de tirarle Catalina los chapines al tío, éste se había desquitado dándole un bofetón a Inés de Alarcón, la hija de Catalina. Poco a poco el escándalo se convertía en el primer tema de conversación de la villa: los vecinos veían a los amantes en cualquier parte por apartada que estuviera, ya fuese en las eras del pueblo, en los molinos del Záncara o en la ermita de Rus. Incluso las murmuraciones llegaban de Belmonte, donde Tristán Pallarés había acompañado a Catalina a un pleito sobre los mencionados molinos. A decir de un testigo

el dicho Tristán de Pallarés avía ydo a un pleyto que la susodicha traya en Belomonte sobre unos molinos e que que l'avían entrado a ynformar de su justiçia al cabildo de Santo Andrés e que todos los de Belmonte les avía pareçido mal que el dicho Tristán de Pallarés syendo clérigo y moço fuese acompañando y soliçitando a la dicha Catalina Garzía syendo la susodicha bibda y de tan buena graçia como es

Hasta que se decidió denunciar el caso al obispado. Claro que uno de los receptores enviado por el provisor de Cuenca para esclarecer el caso, un tal Zabala ( el otro era Cristóbal Merchante, clérigo de San Clemente), no tuvo otra ocurrencia que comenzar sus diligencias en la plaza del pueblo y un domingo de Resurreción. Tristán Pallarés fue llamado por el provisor de Cuenca a esta ciudad. Al escándalo  con Catalina se sumaba un extraño asunto ocurrido en la capilla de los Herreros de la Iglesia de Santiago, donde intencionadamente se había roto un cancel de madera y un espaldar o asiento y de cuyos hechos se imputaba a Tristán Pallarés. Cancel y espaldar habían sido preparados para la boda de Inés de Alarcón, hija de Catalina, con un licenciado llamado Ramírez.

El provisor de Cuenca prohibió a Tristán de Pallarés verse con Catalina so pena de excomunión. Pero nos quedará la duda de la veracidad de las declaraciones de los testigos, pues en el proceso nos falta la parte de Tristán Pallarés y Catalina García. Ambos, por las escasas noticias que tenemos, se presentaron como víctimas de los infundios propagados por los Herreros a través de cierto libelo en la iglesia parroquial de Santiago. Es evidente que algún tipo de relación había entre Tristán y Catalina, aunque ninguno de los dos era un jovenzuelo para dejarse llevar por hechizos enamoradizos. De la lectura del expediente se deduce que a Tristán y Catalina les unían ciertos intereses comunes; la principal acusación de sus enemigos era que el clérigo se ocupaba en demasía de los intereses de Catalina, que administraba su hacienda y sus peones directamente y, hemos de suponer, que se veía con cierto temor que los bienes de la viuda y del marido difunto acabaran en manos del clérigo. La intromisión de los Herreros hay que verla tal como fue presentada por ellos mismos: no eran ellos quienes denunciaron los encuentros del presbítero y la viuda, sino sus propios familiares. Ahora bien, la familia de los Herreros siempre demostraron preocupación por el destino de los bienes de la viuda y su difunto marido, ejerciendo como tuteladores de sus sobrinos huérfanos.

Hoy no podemos desvelar que pasó con la fortuna del regidor Francisco García, pero no cabe duda, que sus hijas y su sobrina gozaban de posiciones económicas y sociales privilegiadas en la villa. Hemos visto la alianza matrimonial de Elvira con Hernán Vázquez de Haro, pero es más significativo que Hernán por esta época, al igual que su hermano Tristán, prefería el apellido Pallarés. Este apellido les ligaba con la figura de García Pallarés, antiguo alcaide de Chinchilla con el Marqués de Villena y, cambiando su lealtad, hombre de confianza de Isabel la Católica. Además, otra familia principal de la villa, los Pacheco, también llevaba con orgullo el apellido Pallarés. Solo hay que fijarse en la capilla de San José de la iglesia de Santiago para evidenciar la significación del apellido Pallarés en la villa de San Clemente. Frente a ella, las capillas de los Herreros o de los Pachecos nunca alcanzaron tal brillantez.

Cuando nuestro protagonista, Tristán Pallarés, muere hacia mediados de los noventa funda una memoria de obras pías en esa capilla. Quizás porque Tristán ha salido escarmentado de sus reprimendas de las instituciones eclesiásticas o quizás más sencillamente porque en el clérigo siempre pudieron más los intereses mundanos, la fórmula elegida por Tristán para la fundación de la memoria sea la de un patronato de legos. Hernán Vázquez de Haro defenderá el patronato de esa memoria para sus hijas frente a un Rosillo de nombre Alonso, en un pleito, que iniciado en el obispado de Cuenca, será reclamado por el Consejo Real, reivindicando el carácter laico de una memoria fundada por un religioso. Y es que cuando uno entra en la capilla de Pallarés y lee su epitafio latino comprende que la exaltación es de un hombre, García Pallarés, y la memoria de su fama y que hay cierto olvido de Dios.


AGS, CRC, 333, 23. Información hecha por Miguel de Herreros, vecino de San Clemente, sobre difamación y calumnias hechas contra él y su familia. Miguel Sanz de Herreros, el viejo, vecino de la villa de San Clemente, contra Catalina García, viuda de Miguel de Herreros, su primo, y Tristán de Pallarés, clérigo, a los que ha acusado de convivencia y que lo han demandado por difamación y calumnia. 1566

Los Vargas y el crimen en el Villarrobledo de 1611 (II)

El proceso por la muerte de Catalina Martínez fue llevado en primera instancia por los alcaldes ordinarios de Villarrobledo Antonio Moreno de Palacios y Bartolomé Gómez Ortiz. Las primeras pesquisas ratificaban las complicidades de Juan García de Vargas que, después del asesinato había estado escondido en casa de varios vecinos del pueblo, entre ellos su cuñado Gregorio Millán, su concuñado Mateo Díaz sastre, el batanero Pedro Martínez y el tundidor Cristóbal Coronado. Todos ellos huyeron y contra todos ellos los alcaldes ordinarios emitieron órdenes de prisión.

Fue una mujer, Catalina López, quien con su testimonio implicaría a Ginés de Haro Cueva, familiar del Santo Oficio de la villa de San Clemente*. En la casa de Ginés servía como ama María de Vargas, la madre de Juan y viuda del pintor Cristóbal García; en esta casa se había refugiado el asesino tres semanas antes de cometer el crimen. Juan había mantenido una conversación con Catalina López en la que reconocía su voluntad de matar a Catalina y a su hermano el escribano Francisco Rodríguez. Pero la palabra de Catalina López, una expresidiaria valía muy poco y no era creíble. A pesar de que Francisco Rodríguez fue avisado de las aviesas intenciones y las comunicó a su hermana y de que los bandoleros andaluces fueron vistos por un mesón del pueblo propiedad de Baltasar Ortiz, Catalina Martínez volvió con su marido poco antes del crimen, quizás por los buenos sentimientos que albergaba hacia él o simplemente por la debida obediencia que la mujer debía al esposo; obediencia impregnada en el pensamiento de la época de resignación cristiana, tal como reconocía Catalina en sus palabras: no sé lo que se tiene en su coraçón, yo estoy confiada en la Virgen de los Ángeles, que en su bendito día me junte con él con buen pecho e para seruir a Dios y ella me a de librar. 

Aunque no todos en el pueblo tenían de Catalina una imagen de mojigata y buena cristiana. Algunas habladurías del pueblo, de las que se hacía eco el alguacil Alonso Pérez, contaban que la ruptura del matrimonio hacía cuatro o cinco años fue causada por la mujer que había cometido adulterio con un vecino llamado Juan Parra. Ante el escarnio público, Juan García Vargas había abandonado el hogar familiar y después de errar por Andalucía, había sentado cabeza en Zahara. A principios de julio de 1611 había vuelto a su tierra a recomponer su vida y después de unos días en casas de familiares, primero en casa de su hermana tres o cuatro días y luego en casa de su madre en San Clemente otros doce días y otros tantos en la feria de Villanueva de los Infantes, el primero de agosto había vuelto al hogar hasta el desenlace fatal de tres días después.

¿Cuál era el verdadero rostro de Catalina Martínez de Arce? Su matrimonio con Juan García Vargas era su tercer matrimonio; de sus dos matrimonios anteriores había enviudado: tanto del primero con Diego Martínez, vecino del Bonillo. como del segundo con el escribano Miguel Fernández, vecino de Villarrobledo. Que en el concierto de estos matrimonios debía estar Francisco Rodríguez de Arce es muy plausible, pues aparte del segundo marido, el tercero, nuestro Juan García de Vargas, también era escribano. Aunque Francisco Rodríguez negaba la concertación en este matrimonio,  era evidente que el interés importaba más que el amor o al menos de eso acusaba Francisco Rodríguez a su cuñado que había llegado al matrimonio no solo por la buena fama de su mujer sino por poseer gran cantidad de bienes muebles e rrayzes que tenía con promesas e halagos e otros tratos la atrajo a que se casase con él contra la voluntad de todos sus parientes. Catalina Martínez era una viuda rica codiciada por casamenteros, favorecida por la muerte de sus dos primeros maridos y con una amplia hacienda repartida entre el Bonillo y Villarrobledo (unas casas principales en la primera villa y bienes muebles por valor de 5.000 reales en la segunda). Esa era la visión de Francisco Rodríguez, que denunciaba el papel de su hermana en el matrimonio como la de una víctima, aunque consideraba que los ataques iban contra él. Francisco Rodríguez recordaba el pretendido caso de adulterio de Juan Parra con su hermana para denunciarlo como una trama organizada por sus enemigos, donde además de los Vargas estaban implicados otros amigos de esta familia como el alcalde Isidro Merchante y el escribano Alonso Ramírez, para dar fe del escándalo, que se habían presentado en el domicilio pillando juntos a Juan Parra y Catalina. La adúltera sería conducida a prisión donde permanecería ocho meses hasta confesar, vería embargados parte de sus bienes por valor de 500 ducados que acabarían en manos de Gregorio Millán, el cuñado de Juan García Vargas y solo conseguiría la libertad después del arreglo que le procuró su hermano. El marido de Catalina, Juan García de Vargas, que tenía bastante que callar, pues mantenía relaciones con otra viuda de nombre Isabel de Espinosa, retiraría la querella por adulterio, abandonaría la villa y a cambio el escribano Francisco Rodríguez de Arce le procuraba 1.000 reales. A partir de aquí comienza el periplo de Juan García de Vargas, que según la versión de Francisco Rodríguez, se asienta en Zahara, presentándose como hombre soltero y consiguiendo los favores de una mujer del lugar, conocida por el intachable nombre de doña Mariana la discreta. A pesar de su discreción doña Mariana, otra viuda rica, quedó preñada, para gran escándalo de una familia conocida por su buena fama y hacienda en la villa de Zahara. Como era costumbre en estos casos, y después de comprender lo inútil de mantenerlo preso durante seis meses en la cárcel o de enviarlo a galeras y de que el honor familiar solo se limpiaba con el matrimonio, que en esta situación exigía la muerte de la esposa legal. Así volvería Juan García de Vargas en abril de 1611 desde Zahara con los dos bandoleros y alojándose en Villarrobledo en casa de su hermana María y en San Clemente en casa de Ginés de Haro, intentaría matar a su mujer, aunque previamente se exigía asesinar a su hermano el escribano que desconfiaba de su presencia. El fracaso de este primer plan, llevó a Juan García de Vargas a presentarse de nuevo el mes de julio, esta vez como el marido arrepentido vuelto al hogar conyugal para rehacer con su mujer una vida cristiana, en el sentido literal de la palabra, pues no era raro ver a Juan García de Vargas esos tres primeros días de agosto rezando con un rosario en sus manos. Previamente se intentó vencer las resistencias del desconfiado Francisco Rodríguez con una inventada carta de arrepentimiento procedente de Socuéllamos y la intervención de algunos vecinos que abogaban por la reconciliación del matrimonio, entre ellos el batanero Pedro Martínez y el mayordomo del pósito Alonso Valero. Así hasta la noche del crimen que con el subterfugio de buscar un candil en la bodega de la casa, Juan García de Vargas había conducido a Catalina hasta la mencionada bodega, donde le aguardaban para matarla los dos bandoleros (en realidad uno de ellos era un criado de doña Mariana y el otro el propio Juan García de Vargas) y Gregorio Millán. Cometido el crimen Juan García de Vargas había acudido a Zahara para casarse con doña Mariana; dejaba tras de sí el cadáver de su mujer ensangrentado y semidesnudo con una camisa, unas calzas y unos zapatos y olvidados sus pocos objetos personales, testimonio de su oficio de escribano: unos papeles y un libro de prácticas de escribano.

Huidos los asesinos, el juez  Casillas ordenó la prisión de sus colaboradores y encubridores. Entre ellos, Gregorio Millán, Cristóbal Coronado en Villarrobledo, en Villarrobledo, y Ginés de Haro y María Vargas en San Clemente. Los dos últimos habían huido cuando llegó el alguacil Martín Mondragón, que se tuvo que conformar con recibir la noticia de la huida de boca de la criada Ana Rodríguez y el embargo de los bienes de Ginés. Del detalle de estos bienes, nos aparece la parquedad de la existencia vital de las personas en aquella época: seis sillas de nogal, un banco y una mesa de pino, una cama con su ropa y cortinaje, dos cofres herrados y un arca y dos paños azules. Era de más valor el embargo de diecisiete tinajas conteniendo cuatrocientas arrobas de vino, testimonio de la fuente de ingresos del familiar del Santo Oficio. Las malas relaciones entre Villarrobledo y San Clemente se manifestaron en los obstáculos de la comisión del alguacil Martín Mondragón. Ginés de Haro había encontrado acogida en la iglesia de San Sebastián para evitar a la justicia; en la subasta posterior de su bienes, a pesar de la concurrida asistencia de personas en la plaza del Ayuntamiento no se hizo postura alguna, teniendo que conformarse el alguacil con confiscar los dos paños azules, lo más llevadero, para pago de su salario. Huidos los principales actores villarrobletanos, las actuaciones del juez Casillas fueron obsesivamente contra Ginés de Haro, que por precaución había huido a Murcia. El auto del juez para el embargo de todos los bienes del familiar no llegaría a ejecutarse pues el pleito derivó a un conflicto de competencias entre el juez de comisión y la Inquisición. Esta derivación era intencionada, la Inquisición no entendió del pleito, pero Ginés de Haro consiguió dejar en un punto muerto con sus recursos al tribunal de Cuenca los autos del juez de comisión. Dicha comisión, a pesar de que se prorrogó por veinte días más, no llegó a acabar los autos y el caso quedaría por resolver. Es de suponer, que finalizado el plazo de la comisión, el juez Casillas, volvería a la corte, Ginés de Haro a San Clemente, Francisco Rodríguez de Arce obtuvo poca o ninguna compensación económica de la muerte de su hermana (pedía 1.600 ducados, que al fin y al cabo de dinero es de lo que se trataba); sobre la viuda María de Vargas no sabemos nada de su destino, pero había tenido la astucia de vender la mayor parte de los bienes de su hijo, que huido es de sospechar que rehizo su vida con doña Mariana la discreta.

Los autos judiciales nos muestran al escribano Francisco Rodríguez, contra lo que pudiera parecer, carente de rencor u odio. Francisco Rodríguez nos aparece como un hombre bastante frío, sabedor del peligro que para su vida supone Juan García de Vargas, pero lo considera un vecino más, compañero de gremio, con el que siempre es posible un arreglo. Evita el trato directo con él, pero mantiene la comunicación a través de intermediarios. Intenta un arreglo ofreciéndole cualquiera de la escribanías de El Bonillo, Lezuza o Peñas de San Pedro, pero Juan lo rechaza. Se vale de Mateo Díaz, para que durante ocho días de julio mantenga contactos con Juan en la feria de Villanueva de los Infantes, donde se encuentra. Del expediente judicial se entrevé que Villarrobledo en esta época mantiene una relación distante con San Clemente (y tirante como hemos estudiado en otro sitio) y se vuelca hacia los pueblos de lo que hoy es provincia de Ciudad Real, como Socuéllamos y Villanueva de los Infantes, más lejano, pero con una importante feria el 25 de julio. Incluso tiene la vista más allá: cuando Juan García de Vargas abandona el pueblo, acude a Sevilla. La razón es es que en esta ciudad hay una importante comunidad villarrobletana, entre los cuales intentan indagar los familiares de doña Mariana la discreta los lazos familiares de Juan. Los referidos Mateo Díaz, sastre, y el tundidor Cristóbal Coronado o el boticario Baltasar Moreno viajaban a menudo a Sevilla por negocios. La principal entrada al pueblo era el camino de Socuéllamos a Villarrobledo, que estaría muy transitado y la venta de Baltasar Ortiz debía ser un lugar muy concurrido.

Se nos presenta toda esta trama como un enredo de escribanos y de gente relacionada con el negocio de la lana: bataneros, cardadores, tundidores y sastres. No es casualidad, es más que probable que los negocios y escrituras del oficio del escribano Francisco Rodríguez de Arce se moviera en estos ambientes. Cuando una noche de agosto, Juan García de Vargas, ya juntado con Catalina, se presenta en casa del escribano Francisco Rodríguez, éste redacta unas ejecuciones por impagos de transacciones entre estos personajes. Juan García de Vargas quiere integrarse en ese mundo con su matrimonio, pero parece que este hijo de pintor tenía más dotes como don Juan que como redactor de testimonios notariales. El pleito derivó hacia la petición de responsabilidades en San Clemente; no es casualidad. Villarrobledo mantenía un enconado pleito con San Clemente, no tanto por su exención del corregimiento, como por el respeto de la primera instancia, y por la aportación de soldados de milicia. Muestra de la rivalidad entre ambas villas fue el encarcelamiento del alcalde mayor, doctor Vázquez, y tres alguaciles enviados desde San Clemente unos meses antes. Villarrobledo vivía una declinación irremediable; a las escasas cosechas de comienzos de siglo, se unían ahora otras de suma abundancia en todo el Reino; el trigo villarrobletano no encontraba salida por los precios tan bajos (tal como se reconoce el expediente); San Clemente era el polo opuesto, ser cabeza política del corregimiento le procuró ventajas suficientes para convertirse en centro de actividades diversas y mantener un renacer económico que se prolongó en el primer tercio del siglo.

La persecución y secuestro de bienes a los que se vio sometido el sanclementino Ginés de Haro Cueva contrastan con la inacción del juez Casillas en Villarrobledo. Aquí todo se arreglaba con transacciones. Las mediaciones para evitar que Juan García de Vargas llevase a término sus criminales intenciones fueron constantes durante el mes de julio, una vez detectada su presencia. Destacan las actuaciones en este sentido de Diego Muñoz de la Calera, procurador de la villa en la corte. Pero estos intentos parecían más encaminados a salvaguardar los intereses y la vida del escribano Francisco Rodríguez de Arce que la persona de Catalina Martínez de Arce. Catalina había vivido toda su vida encerrada desde que se casó en su casa, a la que se accedía por una calle que daba a unas puertas cerradas de noche y que daban paso a su hogar pero también al de un alguacil del pueblo y a un horno. Yendo de marido en marido en los matrimonios concertados que le preparaba su hermano, acabó llevando una vida desgraciada junto a la familia Vargas; su corta aventura con Juan Parra fue incluso preparada intencionadamente por su marido. El ensañamiento de su muerte era muestra del odio que se tenían las diferentes personas de esta historia, incapaces de resolver sus diferencias cara a cara y hacer víctima de esos rencores y odios a Catalina.



Archivo Histórico Nacional, INQUISICIÓN, 1923, Exp. 17. Proceso criminal de Ginés de Haro Cueva. 1611-1612


*El cuatro de septiembre de 1602, Ginés de Haro presenta ante el ayuntamiento de la villa de San Clemente el nombramiento que le confiere el título de familiar de la Inquisición para ser aceptado como tal y exigiendo se respeten las prerrogativas que tal título confiere. En la sala se hallaban presentes el corregidor don Antonio López de Calatayud, el alcalde ordinario Alonso de Guevara, y los regidores licenciado Miguel de Herreros, Jerónimo Martínez, Francisco de Astudillo, Pedro de Monteagudo, Pedro de Tébar Ramirez, Antonio García Monteagudo, Miguel de Perona Rosillo,